Una severa saturación institucional paraliza los procesos de localización y entrega de cuerpos a familiares en la entidad. La Plataforma por la Paz y la Justicia denunció fallas estructurales en los servicios periciales del estado. El señalamiento surge ante la imposibilidad del sistema oficial para procesar la creciente cantidad de restos bajo su resguardo.
El acumulado institucional registra 5,588 personas desaparecidas en Guanajuato al corte del 26 de agosto de 2026. La cifra representa un incremento superior al 700% en comparación con los niveles documentados en 2019. Esta acumulación masiva de expedientes sobrepasa la capacidad operativa del personal pericial de la fiscalía.
La saturación por el número de personas desaparecidas en Guanajuato derivó en un estancamiento prolongado dentro de las fosas y panteones forenses. Los colectivos advierten que el colapso pericial vulnera el derecho a la verdad de cientos de familias afectadas. La falta de infraestructura adecuada impide el avance ágil de las pruebas genéticas necesarias.
Cifras del colapso en el panteón forense estatal
El balance del panteón forense de la fiscalía reveló la presencia de 1,105 cuerpos no identificados al 21 de marzo de 2026. A esta cifra se suman 37 cadáveres que, pese a estar identificados, no han sido reclamados por sus allegados. En un lapso de 18 meses la acumulación total de restos sin entregar incrementó un 23%.
Las fallas en la gestión institucional impactan directamente las búsquedas en sitios de hallazgo como San Salvador Torrecillas, en Villagrán. En dicha fosa se confirmó la localización del periodista Víctor Manuel Jiménez Campos tras su desaparición en 2020. Hasta el 26 de mayo de 2026 las autoridades contabilizaron 14 indicios y 11 personas identificadas en el sitio.
Los colectivos criticaron las interrupciones constantes en las labores de excavación e identificación dentro de los pozos clandestinos. Ante esta situación exigieron la incorporación urgente de peritos internacionales para coordinar un plan forense riguroso. La inactividad gubernamental retrasa la entrega digna de las víctimas a sus familias.
Desacato estatal e intervención de tribunales internacionales
La ineficiencia del sistema judicial expuso a mayor peligro a quienes investigan la suerte de sus familiares por cuenta propia. En Valle de Santiago, Juan José Arias Solís fue privado de su libertad por elementos de la Guardia Nacional el 19 de junio de 2025. Posteriormente su padre, José Juan Arias Corona, fue desaparecido el 28 de diciembre de 2025 mientras exigía avances del caso.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar 15/2026 para proteger al grupo familiar en riesgo. No obstante, las organizaciones civiles denunciaron que las autoridades mexicanas incurrieron en desacato al ignorar las recomendaciones de seguridad. La omisión gubernamental dejó en desprotección total a las víctimas secundarias.
Debido al incumplimiento estatal las familias solicitaron elevar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal internacional evaluará emitir medidas provisionales de carácter obligatorio para salvaguardar la vida de los buscadores.
