La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación al Ayuntamiento de Romita por la desaparición forzada de tres jóvenes, atribuyendo la responsabilidad a policías municipales y a su entonces comisario.
El expediente acreditó que Daniela Castro (27 años), Juan Pablo Vargas (29 años) y Carlos Esteban Rocha (25 años) fueron detenidos el 19 de febrero de 2023 tras un accidente vial que ya había sido resuelto entre los involucrados. Testigos declararon que no existía motivo legal para el arresto.
De acuerdo con la investigación, los policías omitieron registrar a las víctimas en las bitácoras oficiales y las entregaron a un grupo de criminales, según el testimonio de un agente que afirmó haber recibido la orden directa del comisario para “levantarlos y entregarlos a la maña”.
Cinco días después, los tres fueron localizados sin vida en una fosa clandestina con impactos de bala en la cabeza, lo que confirmó la violencia de su asesinato. Las familias denunciaron que, durante su búsqueda, las autoridades les negaron información sobre su paradero.
La PRODHEG concluyó que en el caso se cumplieron todos los elementos de una desaparición forzada: privación ilegal de la libertad, participación de agentes del Estado, negación de información y desprotección legal hacia las víctimas.
La resolución reconoce como víctimas directas a los tres jóvenes asesinados y como víctimas indirectas a sus familiares, incluidas dos menores de edad, quienes sufrieron afectaciones emocionales y económicas por los hechos.
Como medidas de reparación, la Procuraduría recomendó otorgar compensaciones económicas proporcionales al daño, incluyendo reembolsos de gastos funerarios, así como atención psicosocial a los familiares.
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Además, ordenó que el Ayuntamiento emita una disculpa pública, inicie investigaciones administrativas para sancionar a los responsables y capacite al personal policial en derechos humanos y seguridad ciudadana.
La autoridad municipal tiene cinco días hábiles para informar si acepta la recomendación y 15 días naturales para acreditar su cumplimiento total ante la PRODHEG.
