El Movimiento Colibríes de Guanajuato y Acción Colectiva Socioambiental denunciaron públicamente a la empresa Loma de Irapuato, promotora del fraccionamiento La Cucursola, por utilizar amparos abusivos.
Ambas organizaciones señalaron que la constructora ha encontrado en los juicios de amparo un mecanismo para evitar responsabilidades legales, favoreciendo sus intereses sobre la Sierra de Santa Rosa.
La denuncia enfatizó que el uso indebido de estos recursos judiciales permite la continuación de actividades ilegales que afectan directamente el patrimonio ambiental de Guanajuato.
La Sierra de Santa Rosa representa un ecosistema estratégico para la recarga de acuíferos y la biodiversidad local, sin embargo, permanece bajo amenaza por proyectos inmobiliarios irregulares.
El comunicado acusó que la empresa ha utilizado amparos para frenar investigaciones, retrasar sanciones y generar un ambiente de impunidad frente a violaciones en materia ambiental.
Según los colectivos, esta práctica desvirtúa el sentido real del amparo, diseñado para proteger derechos humanos, y lo transforma en un instrumento que legitima el daño ecológico.
El amparo 145/2020, presentado tras una clausura de Profepa, se convirtió en antecedente que permitió a la empresa continuar obras y ventas sin autorizaciones legalmente reconocidas.
Con base en esa experiencia, organizaciones temen que los recientes amparos interpuestos en Guanajuato busquen prolongar irregularidades, debilitando la capacidad de las autoridades ambientales para frenar daños.
El Movimiento Colibríes y Acción Colectiva advirtieron que esta situación constituye un patrón de impunidad que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y fiscalización.
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Por ello, exigieron que los jueces federales actúen con independencia, rigor técnico y perspectiva ambiental, para garantizar el derecho humano a un entorno sano y equilibrado.
El llamado subrayó que el Poder Judicial no debe convertirse en refugio de empresas que priorizan intereses económicos sobre el cuidado del medio ambiente guanajuatense.
Las organizaciones señalaron que cada amparo interpuesto abre espacios para retrasar operativos, paralizar clausuras y obstaculizar procesos que buscan detener la devastación de la Sierra de Santa Rosa.
La denuncia recalcó que la defensa de los ecosistemas locales no puede depender de litigios interminables, sino de decisiones judiciales firmes que protejan derechos colectivos.
El caso La Cucursola refleja la urgencia de fortalecer la justicia ambiental en Guanajuato, donde sociedad civil y tribunales enfrentan una prueba decisiva por el futuro.
