Un ataque armado en León, Guanajuato, cobró la vida de Gustavo Emilio Delgado Muñoz, coordinador de la Defensoría Pública en materia penal de la Secretaría de Gobierno estatal. El homicidio ocurrió la mañana del martes mientras la víctima cargaba combustible en una gasolinería ubicada en la colonia San Miguel de Rentería, sobre el libramiento José María Morelos.
El funcionario, quien se encontraba a bordo de un vehículo oficial tipo Aveo, fue sorprendido por dos agresores a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir del lugar. Su identidad fue confirmada por la propia Secretaría de Gobierno, institución a la que pertenecía.
Gustavo Emilio era el responsable de asignar la carga laboral entre los defensores públicos en materia penal dentro del estado. Su labor, aunque técnica y administrativa, resultaba crucial para la operación del sistema de defensa legal en Guanajuato.
La noticia provocó una reacción inmediata por parte de las autoridades estatales. En la red social X, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, lamentó lo ocurrido y calificó el crimen como un “cobarde ataque”. “Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro compañero. Nuestra solidaridad absoluta a su familia”, escribió.
La gobernadora Libia García Muñoz Ledo también se pronunció al respecto, instruyendo el apoyo total a la familia del funcionario y garantizando que el Gobierno del Estado colaborará con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos. “No permitiremos que este crimen quede impune”, sentenció.
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En entrevista radiofónica, el propio Jiménez Lona adelantó que las primeras líneas de investigación apuntan a que el homicidio no estaría vinculado con su trabajo dentro de la Defensoría Pública. Aun así, no se descarta ninguna hipótesis hasta que concluyan las indagatorias.
El funcionario asesinado deja esposa y tres hijos, según confirmó el secretario. “Le reiteramos a su familia el compromiso de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”, dijo.
Este asesinato ha generado consternación en el ámbito jurídico del estado y reaviva las preocupaciones sobre la violencia contra servidores públicos, incluso aquellos cuya labor no está directamente vinculada con operativos de seguridad o procuración de justicia penal.
