El acaparamiento del agua en el Bajío tiene nombres y apellidos. Desde 1996, seis figuras del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos exgobernadores de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes, han acumulado más de 3 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a la capacidad de la presa Emilio López Zamora, que abastece a la ciudad de Ensenada, Baja California.
Entre los beneficiarios destacan los exgobernadores Miguel Márquez Márquez, Luis Armando Reynoso Femat, Ignacio Loyola Vera y Francisco Ramírez Acuña, además del expresidente Vicente Fox Quesada y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, según una investigación publicada por Milenio.
En el caso de Guanajuato, el exmandatario Miguel Márquez Márquez recibió tres concesiones entre 2000 y 2013, una de ellas vigente hasta 2029. Sin embargo, el mayor volumen de agua en la entidad se concentra en San Francisco del Rincón, donde Vicente Fox posee diez títulos de concesión que suman 2.1 millones de metros cúbicos y que permanecerán activos hasta 2032.
Las concesiones fueron otorgadas principalmente para uso agrícola, pero especialistas en gestión hídrica advierten que este tipo de permisos pueden facilitar el uso irregular del agua, incluso con fines inmobiliarios o industriales. Además, señalan que la entrega masiva de permisos se dio durante los sexenios panistas, cuando funcionarios de Conagua tenían afinidad partidista y favorecieron a aliados políticos.
El fenómeno, explican expertos como Óscar Arredondo Pico, se origina en las reformas de 1992, que convirtieron el agua en un bien transferible, lo que permitió que políticos y empresarios acumularan recursos hídricos mediante concesiones a largo plazo.
En el Bajío, una región marcada por la escasez de agua y la creciente presión agrícola e industrial, la concentración del líquido en manos de unos cuantos políticos contrasta con la realidad de los productores y comunidades rurales que enfrentan cortes y desabasto.
Frente a este panorama, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum emprendió una revisión nacional de las concesiones de agua. De acuerdo con la administración federal, de 536 mil títulos revisados, más de 163 mil están vencidos, y en varios casos se detectaron excesos e irregularidades similares a los de los exgobernadores panistas.
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Sheinbaum propuso además reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, con sanciones que podrían alcanzar hasta 12 años de prisión para quienes lucren con el recurso.
Mientras tanto, la revisión avanza en regiones como Guanajuato, donde el agua se ha convertido en un recurso político y económico. Y aunque el gobierno federal busca recuperar el control del líquido, en el Bajío el poder del agua sigue concentrado en las mismas manos que han gobernado durante décadas.
