El diputado panista Erandi Bermúdez denunció, durante una entrevista con el periodista Miguel Zacarías, que la demolición del estacionamiento del Congreso representa un encubrimiento político prolongado.
El legislador afirmó que el daño estructural no surgió recientemente, porque “la Universidad de Guanajuato ya lo advirtió desde 2015”, sin respuesta institucional ni sanciones visibles.
Bermúdez explicó que el dictamen técnico prohibió cargar la plancha superior, pero las autoridades decidieron ignorarlo y autorizaron trabajos que aceleraron el deterioro del estacionamiento público.
El diputado señaló que la obra será nuevamente pagada con recursos públicos, mientras los responsables originales continúan sin identificarse y sin enfrentar consecuencias administrativas comprobables.
En la entrevista dijo textualmente: “¿Quién construye una casa y en diez años la destruye?”, planteando la gravedad del caso con un ejemplo ciudadano contundente.
Bermúdez acusó que varias legislaturas conocieron la advertencia académica y mantuvieron silencio, protegiendo decisiones equivocadas sin transparencia ni revisión contractual, técnica o jurídica real.
El legislador cuestionó que el Congreso pretenda “reparar” tumbando la estructura sin antes esclarecer quién permitió la irregularidad y por qué nadie exigió responsabilidad inmediata.
También afirmó: “Sí lo vamos a tener que demoler, pero ¿y los responsables?”, enfatizando que la discusión política ha sido desplazada deliberadamente por versiones técnicas.
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El diputado recordó que la Auditoría Superior tuvo acceso a los reportes desde el principio y jamás actuó a la altura del hallazgo universitario documentado.
Bermúdez declaró: “No soy juez ni ministerio público, pero los ciudadanos deben saber qué pasó”, exigiendo claridad antes de iniciar el proyecto de reconstrucción.
El legislador sostuvo que, una vez iniciada la demolición, intentarán cargar al PAN el costo político, pese a tratarse de una herencia administrativa ajena.
Finalmente advirtió que sin nombres ni sanciones, el Congreso repetirá errores, protegerá contratistas y trasladará la culpa, mientras la ciudadanía paga doblemente la negligencia.
