El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó un fuerte debate al sugerir que seis legisladores federales demócratas sean ejecutados por aconsejar a militares a desobedecer órdenes ilegales.
Los dos senadores y cuatro diputados demócratas, todos con experiencia militar o en servicios de seguridad nacional, difundieron un video dirigido a soldados y oficiales de inteligencia recordando que deben negarse a cumplir órdenes que violen la Constitución. Esto se produjo ante la posibilidad de que algunos militares fueran desplegados contra ciudadanos estadounidenses.
A través de 19 mensajes en la red social de Trump, Truth Social, el mandatario acusó a los legisladores de traición a la patria, afirmando que su comportamiento era “penado por muerte” y que deberían ser “arrestados y enjuiciados”. Posteriormente, compartió un mensaje de un usuario que decía: “Cuélguenlos. George Washington lo haría”.
Los legisladores afectados respondieron con indignación, denunciando que Trump había puesto en riesgo sus vidas y los llamó “traidores”. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, declaró que “el presidente de Estados Unidos está llamando a la ejecución de oficiales electos” y advirtió que este tipo de lenguaje podría incitar violencia entre sus simpatizantes.
El senador Chris Murphy calificó la situación como sin precedentes, afirmando que las vidas de los legisladores están ahora en peligro, y subrayó que Trump acababa de sugerir su ejecución.
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Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt negó que el presidente buscara realmente ejecutar a los legisladores y señaló que su mensaje era sobre la legalidad de las órdenes militares, defendiendo la cadena de mando. Sin embargo, admitió que el video de los demócratas podría ser considerado “muy peligroso y tal vez castigable bajo la ley”.
Expertos legales recordaron que el Código Militar de Estados Unidos obliga a los soldados a negarse a obedecer órdenes ilegales, pero corresponde a un juez militar determinar si una instrucción constituye una violación legal.
La situación generó un debate sobre los límites del discurso presidencial, la seguridad de los legisladores y la interpretación de la ley en el contexto de la obediencia militar y la protección de los derechos civiles.
