El archivo del amparo 728/2025 reavivó la indignación social por la desaparición de José Francisco Arias Mendoza, conocido como Don Panchito, ocurrida en Irapuato, Guanajuato, sin que hasta el momento existan respuestas oficiales claras ni resultados públicos sobre su paradero.
José Francisco era integrante de un colectivo ciudadano dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y se encontraba buscando a su propio hijo cuando fue víctima de un ataque armado.
En junio pasado, hombres armados irrumpieron en su domicilio, asesinaron a su hijo frente a él y posteriormente se lo llevaron por la fuerza, sin que hubiera una intervención inmediata y efectiva por parte de las autoridades.
Ante estos hechos, la familia promovió un juicio de amparo con el objetivo de obligar a las autoridades a realizar acciones urgentes de búsqueda.
Sin embargo, el juez de distrito determinó archivar el caso, lo que implica el cierre del juicio sin analizar el fondo de los hechos ni las posibles violaciones graves a derechos humanos.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato negó inicialmente los hechos y buscó limitar las acciones de búsqueda. No obstante, un Tribunal Colegiado recordó que la búsqueda inmediata de personas desaparecidas es una obligación constitucional directa y permanente del Estado, independientemente de formalismos procesales.
En el mismo proceso, la Guardia Nacional omitió rendir su informe justificado ante el juzgado, una omisión que ha sido señalada por organizaciones civiles como una forma de tolerancia institucional frente a la desaparición forzada, considerada una violación múltiple y continua de derechos humanos.
El caso ha sido difundido por la Plataforma por la Paz en Guanajuato, que documenta fallas en la actuación estatal y exige una búsqueda inmediata, efectiva y con enfoque de derechos humanos.
Colectivos y defensores subrayan que, al tratarse de un buscador de personas desaparecidas, José Francisco Arias Mendoza debía contar con una protección reforzada.
Organismos y activistas recuerdan que la jurisprudencia interamericana como los casos Velásquez Rodríguez y Radilla Pacheco establece que el Estado tiene la obligación de investigar, buscar y sancionar de manera diligente, sin excusarse en omisiones administrativas o procesales.
Hasta ahora, la desaparición de Don Panchito permanece impune y sin esclarecimiento, evidenciando una grave falla del Estado en la protección de la vida, la verdad y la justicia.
