El gobierno de Estados Unidos anunció un incremento sustancial en el apoyo económico dirigido a migrantes indocumentados que decidan abandonar el país por voluntad propia antes de que concluya el año, al elevar el incentivo hasta los 3 mil dólares por persona y asumir también el costo del traslado aéreo a su país de origen.
La medida fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se integra a la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha reiterado su objetivo de ejecutar una de las estrategias de control migratorio más amplias en la historia reciente del país.
Este nuevo monto amplía el programa de salida voluntaria anunciado en mayo pasado, cuando el incentivo era de mil dólares más el boleto de avión, como alternativa para evitar procesos de detención y deportación forzada por parte de las autoridades migratorias.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló que el beneficio estará disponible hasta finales de 2025, y podrá ser solicitado tanto por personas indocumentadas que no hayan sido detenidas, como por aquellas que se encuentren bajo custodia migratoria y no enfrenten cargos penales.
La funcionaria advirtió que quienes rechacen esta opción y posteriormente sean arrestados enfrentarán sanciones más estrictas, incluida la pérdida definitiva de la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos, mientras que quienes opten por la salida voluntaria podrían conservar esa alternativa en el futuro.
Para acceder al programa, el DHS informó que los interesados deberán registrar su salida mediante la aplicación oficial CBP Home, una plataforma digital diseñada para gestionar el proceso de autodeportación de forma directa y sin intermediarios.
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De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 1.9 millones de migrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos de manera voluntaria desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, aunque el gobierno no ha precisado cuántos casos corresponden específicamente al esquema de incentivos económicos.
Mientras organizaciones defensoras de migrantes han criticado el impacto social de esta política, la administración federal sostiene que la autodeportación reduce costos públicos, evita procesos judiciales prolongados y permite un mayor control sobre los flujos migratorios sin recurrir a expulsiones forzosas.
