La violencia contra corporaciones de seguridad mantuvo a Guanajuato entre las entidades más riesgosas del país durante 2025, al cerrar el año como el tercer estado con mayor número de policías asesinados, según el conteo de la organización civil Causa en Común.
El balance anual documenta 36 elementos de seguridad asesinados en territorio guanajuatense hasta el 22 de diciembre, cifra que representa poco más del 10 por ciento del total nacional, donde se registraron 336 homicidios de policías en distintos puntos del país.
A diferencia de años anteriores, Guanajuato dejó de encabezar la estadística nacional, luego de que Sinaloa asumiera el primer lugar en 2025 con 45 policías asesinados, seguido de Guerrero con 37 casos, mientras que la entidad del Bajío descendió al tercer sitio.
El informe también refleja una disminución relevante en la letalidad contra policías en Guanajuato, al reportarse una caída del 41 por ciento respecto a 2024, cuando se documentaron 61 asesinatos y el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional.
Pese a la reducción, los ataques continuaron durante el último trimestre del año, entre ellos el asesinato de un policía municipal de Salamanca, Juan David González Delgado, ocurrido el 12 de octubre en Irapuato, cuando se desplazaba en motocicleta tras concluir su jornada laboral.
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En Celaya se concentraron otros hechos de alto impacto, como el homicidio de un elemento de la Guardia Nacional y el asesinato del comandante de Tránsito Jesús Inés Mejía Rangel, de 43 años, quien fue atacado cuando salía de su domicilio en septiembre pasado.
Las cifras históricas muestran que el problema se ha sostenido en los últimos cuatro años, ya que en 2023 se contabilizaron más de 400 policías asesinados en México y Guanajuato volvió a encabezar la lista, mientras que en 2022 se mantuvo entre los primeros lugares a nivel nacional.
Organizaciones civiles advierten que, aunque hay una reducción en algunos estados, el asesinato de policías sigue siendo un indicador crítico, al reflejar la exposición permanente de las corporaciones frente a la violencia del crimen organizado y la fragilidad de las condiciones de seguridad.
