Desde la comunidad indígena de Cruz del Palmar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de documentación agraria que reconoce formalmente la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, acto que pone fin a un conflicto de tenencia de la tierra que se prolongó por más de ocho décadas.
La entrega forma parte del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, el cual, de acuerdo con información oficial, ha impactado a 111 pueblos y comunidades indígenas en la entidad. Durante el evento estuvieron presentes diputadas y diputados locales de Morena, quienes acompañaron a la mandataria federal.
Sheinbaum anunció además que el Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) contará con un incremento presupuestal para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de que las asambleas comunitarias decidan directamente el destino de los recursos.
Entre las acciones contempladas dentro del plan se encuentran la recuperación de la Capilla del Puerto de Calderón, la construcción de cinco comedores escolares, la elaboración del decreto y catálogo de lugares sagrados, así como la restauración de capillas familiares y coecillos.
En el ámbito cultural, se anunció la instalación de 39 Casas Comunitarias de Lengua Indígena en Guanajuato: ocho dedicadas a la lengua chichimeca y 31 orientadas a la preservación y revitalización de otras lenguas originarias. Como parte de la agenda, la presidenta sostuvo un encuentro con parteras tradicionales en el nuevo Centro de Excelencia de Partería y Bienestar de San Miguel de Allende.
Iniciativas legislativas en el Congreso local
Durante el acto, legisladores de Morena destacaron que, desde el inicio de la LXVI Legislatura, su grupo parlamentario ha presentado 17 iniciativas y puntos de acuerdo relacionados con los derechos de los pueblos originarios. De estas, dos han sido aprobadas, 13 continúan en análisis en comisiones y dos fueron rechazadas en el pleno.
Entre las aprobadas se encuentra una reforma constitucional local en materia de reconocimiento y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, así como un exhorto para que diversos ayuntamientos del estado se abstengan de intervenir en los procesos de elección de autoridades comunitarias indígenas, a fin de respetar sus sistemas normativos internos.
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