La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que dicha legislación no le otorga facultades para establecer gravámenes sin autorización del Congreso.
Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal, de mayoría conservadora, concluyó que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles, bloqueando así una herramienta clave que Trump utilizó para impulsar su agenda económica y diplomática tanto en su primer mandato como tras su regreso al poder en enero de 2025.
La resolución se refiere específicamente a los aranceles denominados “recíprocos” que el mandatario impuso a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos invocando una emergencia nacional. Sin embargo, no afecta los gravámenes aplicados a sectores específicos como el automotriz, el acero o el aluminio, establecidos bajo otras disposiciones legales.
Durante su primer periodo presidencial (2017-2021), Trump ya había recurrido a los aranceles como instrumento de presión comercial. En su segundo mandato amplió su uso al aplicar tarifas a países como México, Canadá y China, argumentando motivos relacionados con el combate al tráfico de drogas y la migración irregular.
En su fallo, la Corte sostuvo que si el Congreso hubiera querido otorgar al Ejecutivo la facultad extraordinaria de imponer aranceles mediante la IEEPA, lo habría establecido de forma expresa, como ocurre en otros estatutos arancelarios. De esta manera, confirmó decisiones previas de tribunales inferiores que ya habían considerado ilegales los gravámenes sustentados en esa ley.
Un tribunal comercial de primera instancia había bloqueado en mayo la entrada en vigor de la mayoría de estos aranceles al considerar que el presidente se extralimitó en sus funciones, aunque la medida quedó en suspenso tras la apelación del gobierno. Ahora, con la sentencia definitiva, el futuro de esos ingresos queda en entredicho.
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De acuerdo con estimaciones del Penn-Wharton Budget Model, los aranceles basados en la IEEPA habrían generado más de 175 mil millones de dólares en recaudación, recursos que podrían tener que ser reembolsados tras la decisión judicial. El Gobierno no ha actualizado cifras oficiales de ingresos por aranceles desde diciembre pasado.
La Constitución de Estados Unidos establece que la facultad de imponer impuestos y aranceles corresponde al Congreso. No obstante, Trump defendió que su estrategia era necesaria para proteger la seguridad económica del país, asegurando que sin estas medidas la economía estadounidense estaría en riesgo. Con este fallo, la Corte Suprema marca un límite claro al alcance del poder ejecutivo en materia comercial.
