La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su propuesta de reforma electoral, la cual será enviada al Congreso el próximo 2 de marzo de 2026 como parte de los compromisos asumidos en su agenda de gobierno. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la iniciativa contempla diez ejes principales y que en los próximos días se definirá si será turnada a la Cámara de Diputados o al Senado de la República.
Sheinbaum subrayó que se trata de un compromiso con la ciudadanía y afirmó que la propuesta no representa un retroceso democrático, sino ajustes que calificó como “sencillos y racionales”, orientados a responder a las demandas sociales. Señaló que quienes decidan respaldarla o rechazarla deberán asumir su postura ante la población.
La explicación técnica estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien detalló que uno de los cambios centrales plantea modificar la integración de la Cámara de Diputados. Se mantendrían 500 legisladores, con 300 electos por mayoría relativa en distritos y 200 bajo el principio de representación proporcional, aunque con ajustes en los criterios de asignación, incluyendo espacios para mexicanos residentes en el extranjero.
La iniciativa también propone una reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, lo que implicaría ajustes presupuestales al Instituto Nacional Electoral, partidos políticos, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales. Entre las medidas se contempla disminuir salarios y bonos de altos funcionarios electorales en apego al artículo 127 constitucional, eliminar duplicidades administrativas y reducir el gasto tanto del Congreso federal como de los congresos estatales, además de limitar el número de regidurías municipales conforme a la población.
En materia de fiscalización, se busca otorgar mayores facultades al INE para auditar en tiempo real los recursos de partidos y candidatos, establecer la prohibición total de aportaciones en efectivo y obligar a que todo financiamiento transite por el sistema financiero formal, apoyándose en tecnologías avanzadas para el rastreo de recursos.
Otro de los puntos relevantes es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como Programa de Resultados Electorales Preliminares, para que los cómputos distritales inicien al concluir la jornada electoral y se generen directamente resultados oficiales preliminares desde los distritos.
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La reforma también contempla reducir los tiempos oficiales destinados a partidos en radio y televisión durante campañas, pasando de 48 a 35 minutos diarios por emisora. Asimismo, incorpora la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos electorales, con la prohibición de bots y mecanismos digitales que busquen influir de manera ilegítima en la opinión pública.
En el ámbito de democracia participativa, se plantea obligar a estados y municipios a incluir en su legislación figuras como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, permitiendo incluso el voto electrónico para estos mecanismos.
Finalmente, la propuesta incluye la prohibición constitucional del nepotismo en cargos de elección popular y establece que, a partir de 2030, quedará prohibida la reelección consecutiva inmediata para todos los puestos de elección popular.
