
La violencia sacudió a Guanajuato y se extendió por al menos 23 municipios, donde se registraron 86 incendios que afectaron negocios, vehículos, cajeros automáticos e incluso el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Celaya, en una de las jornadas más agresivas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El impacto fue visible en distintas regiones del estado. León, Salamanca e Irapuato encabezaron la lista de municipios con más hechos violentos, cada uno con alrededor de 10 puntos incendiados. También hubo daños considerables en Guanajuato capital, Silao y Abasolo, mientras que en Celaya se reportó fuego dentro del penal estatal, además de ataques a un comercio y un vehículo.
En total, fueron incendiados 36 establecimientos comerciales y 43 vehículos, además de seis cajeros automáticos. Los ataques no se limitaron a las zonas metropolitanas; alcanzaron municipios del norte y noreste como Doctor Mora y Ocampo, así como comunidades de la Sierra Gorda, entre ellas Tierra Blanca y Victoria, lo que refleja una dispersión territorial de los hechos.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que los daños se distribuyeron en prácticamente la mitad del territorio estatal, incluyendo localidades rurales. La información oficial señala que los incendios y actos vandálicos formaron parte de una reacción violenta coordinada.
Tras los hechos, fuerzas estatales y federales detuvieron a 48 personas. De ese total, 26 casos ya fueron llevados ante un juez y cuatro imputados fueron vinculados a proceso por el delito de terrorismo. Diez de los detenidos enfrentan acusaciones que incluyen terrorismo, delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Otros 18 quedaron en libertad bajo reserva de ley, aunque continúan bajo investigación.
También lee: Conmemoran Día Internacional de la Lengua Materna y alertan por riesgo de desaparición del chichimeca-jonaz
El delito de terrorismo, según el Código Penal estatal, contempla penas de tres a 15 años de prisión cuando se realizan actos que generen alarma o temor colectivo con el fin de alterar la paz pública o presionar a la autoridad.
Los daños materiales abarcan tiendas de conveniencia, negocios locales, automóviles particulares, cajeros automáticos y un centro penitenciario, dejando un escenario de afectaciones generalizadas y reforzando la presencia de fuerzas de seguridad en distintas zonas del estado.



