La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer un listado de jubilados de organismos federales que reciben pensiones mensuales superiores al millón de pesos, principalmente provenientes de empresas del sector energético del Estado.
De acuerdo con la dependencia, se revisaron registros de pensionados de instituciones como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro esta última en proceso de liquidación, así como de entidades de la banca de desarrollo como Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior y el extinto Banco Nacional de Crédito Rural.
El listado, con corte al 31 de diciembre de 2025, revela pensiones consideradas “exorbitantes” que en algunos casos superan incluso el salario de la presidenta de la República y rebasan el millón de pesos mensuales.
Entre los casos identificados destaca el de Carlos Arturo Sánchez Magaña, quien recibe una pensión de 1 millón 107 mil pesos al mes tras retirarse bajo el antiguo régimen laboral de la petrolera estatal.
Otro de los montos más elevados corresponde a Jorge Evodio Chapa de la Torre, con 1 millón 77 mil pesos mensuales, pese a que la empresa eléctrica fue extinguida en 2009.
En la lista también aparecen:
- Edgar Velázquez Butrón, con 1 millón 37 mil pesos mensuales.
- Kenneth Sydney Smith Jacobo, con 1 millón 37 mil pesos al mes.
- Salvador Quero García, con 987 mil pesos mensuales.
En el caso de Pemex, otros jubilados como Jorge Ernesto Moreno Tovar y Jorge Luis Talamantes Montoya también registran percepciones cercanas al millón de pesos mensuales.
La Secretaría Anticorrupción explicó que la publicación de esta información responde al artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las dependencias a transparentar el listado de jubilados y el monto de los recursos públicos que reciben.
Asimismo, indicó que durante la revisión se detectaron diferencias en la forma en que las instituciones reportan esta información, por lo que ahora se busca homologar la publicación de los datos en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La dependencia señaló que el objetivo de este ejercicio es fortalecer la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos y evidenciar los costos que continúan generando los esquemas de jubilación heredados de contratos laborales anteriores.
Finalmente, destacó la reciente votación unánime en el Senado para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, medida que busca avanzar hacia un modelo de administración pública basado en la austeridad y en un uso más equitativo del gasto público.
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