
A más de 20 días de la llegada de restos de hidrocarburo al Golfo de México y su arribo a playas de Veracruz, la pesca en lagunas permanece suspendida, sin indemnizaciones para las comunidades afectadas y sin certeza sobre el origen del desastre ambiental.
Comunidades costeras, pescadores y organizaciones civiles han cuestionado las versiones oficiales emitidas por instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos, al señalar inconsistencias en torno al origen del derrame.
Mientras tanto, habitantes de la región han tenido que organizarse por cuenta propia para realizar labores de limpieza y comenzar procesos de denuncia ante distintas autoridades.
La contaminación ha generado preocupación ante la posible llegada continua de hidrocarburo durante el periodo vacacional de Semana Santa, así como por los impactos en ecosistemas clave.
Entre los principales riesgos se encuentran afectaciones al Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México, los manglares de la Laguna del Ostión y especies como manatíes y tortugas marinas, estas últimas en plena temporada de anidación en diversas playas contaminadas.
Datos ciudadanos de la Red del Corredor Arrecifal señalan la presencia de hidrocarburo en al menos 52 puntos del litoral, con residuos que continúan arribando debido a corrientes marinas.
El origen del derrame permanece sin definirse. La Secretaría de Marina ha planteado tres posibles fuentes: un buque que habría vertido hidrocarburo cerca de Coatzacoalcos, emanaciones naturales y filtraciones en la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche.
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle aseguró inicialmente que el derrame no provino de instalaciones de Petróleos Mexicanos, sino de una embarcación privada, versión que posteriormente fue matizada por autoridades federales.
En contraste, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking sostienen que el derrame pudo haberse originado desde febrero cerca de una plataforma en Campeche, alcanzando una extensión de hasta 50 kilómetros cuadrados.

En municipios como Pajapan, la pesca en la Laguna del Ostión permanece suspendida, afectando directamente a cientos de familias que dependen de esta actividad.
Pescadores reportan pérdidas económicas severas, al pasar de ingresos diarios de entre 300 y 400 pesos a no tener sustento, además de que muchos han quedado fuera de apoyos gubernamentales al no pertenecer a cooperativas.
Habitantes denuncian que las labores de limpieza han sido parciales y con irregularidades. Aunque Petróleos Mexicanos reportó acciones a través de empresas contratistas, trabajadores señalan falta de pago, ausencia de equipo de protección y manejo inadecuado de residuos.
Asimismo, acusan que los trabajos se han concentrado en zonas turísticas, dejando sin atención amplias áreas del litoral.
Autoridades estatales han descartado una emergencia ambiental y minimizado reportes sobre fauna afectada; sin embargo, organizaciones y campamentos tortugueros reportan casos de tortugas muertas y afectaciones en zonas de anidación.
Especialistas advierten que el hidrocarburo enterrado en la arena podría impactar directamente en los nidos, en un momento crítico para la reproducción de especies en peligro.
Ante la falta de respuestas, comunidades del sur de Veracruz han comenzado a presentar denuncias colectivas ante la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, con el objetivo de esclarecer el origen del derrame y fincar responsabilidades.
Además, junto con la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, han impulsado un mapeo ciudadano para documentar la magnitud del daño ambiental y visibilizar las afectaciones en playas, lagunas y ecosistemas marinos.

El derrame, señalan, no sólo representa una crisis ambiental, sino también social y económica, cuyos efectos podrían prolongarse durante meses en la región.
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