La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Estas solicitudes llegaron luego de que la Fiscalía de Nueva York presentó acusaciones formales por supuesta colaboración política, financiera y operativa con la organización criminal, además de presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y conspiración.
La Cancillería mexicana informó que los documentos fueron recibidos el pasado 28 de abril a las 18:00 horas y revisados conforme al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, así como bajo la Ley de Extradición Internacional.
Tras el análisis jurídico inicial, la SRE señaló que la documentación enviada por las autoridades estadounidenses no contiene, por ahora, elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad de los señalados, por lo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de revisar el caso.
La dependencia explicó que corresponde a la FGR determinar si existen pruebas válidas dentro del sistema jurídico mexicano y decidir si procede o no la ejecución de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Aunque la SRE no mencionó directamente a Rubén Rocha Moya ni al resto de los funcionarios acusados, confirmó que el proceso legal ya fue turnado a la autoridad correspondiente para su análisis.
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Además, la Cancillería anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que la información fue difundida públicamente, ya que los tratados internacionales establecen reglas de confidencialidad en este tipo de procedimientos.
Desde temprano, el canciller Roberto Velasco acudió a Palacio Nacional para informar a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gabinete de Seguridad sobre las solicitudes presentadas por Washington.
El caso abre una nueva tensión diplomática entre ambos países mientras continúan las investigaciones sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y el crimen organizado.
