La diputada de Morena, Miriam Reyes Carmona, solicitó una auditoría por el caso Custom Bajío para revisar las operaciones relacionadas con el Gobierno Municipal de Guanajuato entre 2022 y 2026.
Desde tribuna, la legisladora presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) investigue contratos, convenios, pagos y posibles irregularidades vinculadas con la empresa.
Además, llamó a la alcaldesa Samantha Smith a respetar la libertad de expresión y evitar confrontaciones con periodistas que cuestionan las decisiones de su administración.
“Ninguna autoridad debe considerar una ofensa que se le pidan cuentas y mucho menos cerrarle el vidrio a la prensa. Libertad de expresión, presidenta Samantha Smith”, expresó.
Exige auditoría por caso Custom Bajío durante cinco ejercicios fiscales
La propuesta de Miriam Reyes busca que la ASEG revise todas las operaciones municipales relacionadas con Custom Bajío, S.A. de C.V., del 1 de enero de 2022 a 2026.
La revisión incluiría la planeación, adjudicación, ejecución y comprobación de los servicios contratados. También abarcaría las justificaciones legales y administrativas de cada procedimiento.
El punto de acuerdo pone especial atención en la organización comercial del Festival del Día de Muertos 2026 y el denominado Túnel de Tradición, ubicado en la calle Subterránea.
Cuestiona cobros a comerciantes durante el Festival de Día de Muertos
El caso Custom Bajío tomó relevancia después de que comerciantes denunciaran presuntos cobros de entre 3 mil 500 y 6 mil 500 pesos por mobiliario durante el festival.
Además, algunos comerciantes señalaron que realizaron pagos sin recibir los servicios correspondientes. Estas denuncias abrieron cuestionamientos sobre la participación de la empresa en la organización comercial del evento.
A las inconformidades se sumaron versiones contradictorias de autoridades municipales sobre la obligatoriedad de contratar a Custom Bajío. También surgieron dudas sobre quién estableció las condiciones para que los comerciantes ocuparan los espacios.
Reyes Carmona advirtió que los pagos entre particulares no eliminan la responsabilidad del municipio de explicar su intervención. Por ello, pidió identificar quién seleccionó o recomendó al proveedor y bajo qué criterios.
Pide investigar contratos, permisos y posibles beneficios indebidos
La auditoría por caso Custom Bajío también deberá revisar la totalidad de contratos, convenios, adjudicaciones y pagos relacionados con la empresa. Asimismo, tendrá que verificar que los servicios y bienes contratados realmente se hayan entregado.
Otro aspecto contempla revisar los permisos, tarifas, ingresos y posibles beneficios fiscales por la ocupación comercial del espacio público. La legisladora también pidió investigar posibles conflictos de interés, fraccionamiento de operaciones o beneficios indebidos.
La revisión incluiría el uso de recursos, bienes, personal y servicios municipales durante las actividades del festival. De esta manera, la ASEG podría determinar si existieron irregularidades en la intervención del gobierno capitalino.
Señala contratos por más de 28 millones de pesos
Durante su exposición, Miriam Reyes también mencionó antecedentes periodísticos sobre contrataciones estatales acumuladas por 28 millones 272 mil pesos entre 2021 y 2026. Estas operaciones involucrarían a Custom Bajío y otra empresa denominada Forma, Movimiento y Diseño.
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De acuerdo con la investigación periodística citada por la diputada, Custom Bajío acumularía 49 registros de contratación por 15 millones 889 mil pesos. Sin embargo, estos montos deberán contrastarse con los expedientes y registros oficiales.
La legisladora busca que la fiscalización permita conocer el destino de los recursos públicos y determinar si existieron responsabilidades. La propuesta también contempla que la ASEG investigue y promueva los procedimientos administrativos o denuncias correspondientes si encuentra elementos suficientes.
El punto de acuerdo establece que, si la auditoría se incorpora al Programa General de Fiscalización 2026, deberá comenzar dentro de los 30 días naturales siguientes.
