
La confrontación política entre el Congreso de Michoacán y el gobierno municipal de Uruapan escaló luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, anunciara que la alcaldesa Grecia Quiroz y varios integrantes de su administración serán considerados personas no gratas y tendrán restringido el acceso al Palacio Legislativo.
El legislador afirmó que instruirá al personal del Congreso para impedir el ingreso de la presidenta municipal y otros funcionarios señalados por presuntamente participar en las protestas registradas durante la discusión y aprobación de la reforma electoral de Michoacán rumbo a 2027.
De acuerdo con Gaona García, la decisión responde a los daños que, según sostuvo, se ocasionaron al recinto legislativo durante las movilizaciones realizadas la semana pasada por simpatizantes del movimiento conocido como La Sombreriza.
El presidente del Congreso aseguró que, en caso de que los funcionarios municipales requieran realizar algún trámite o gestión institucional, podrán ser atendidos por personal legislativo fuera del inmueble, pero no tendrán acceso al interior del recinto.
Además de la alcaldesa, la medida alcanzaría a varios colaboradores de su administración, entre ellos regidores y secretarios municipales que habrían estado presentes durante las manifestaciones.
La controversia surge apenas unos meses después de que Grecia Quiroz acudiera al mismo Congreso para rendir protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en noviembre de 2025.
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Las tensiones entre ambas partes aumentaron durante la sesión en la que se aprobó la reforma electoral. Durante el debate, grupos de manifestantes se concentraron dentro y fuera del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones impulsadas por la mayoría parlamentaria.
La alcaldesa ha sostenido que algunos de los cambios aprobados afectan la participación de candidaturas independientes, por lo que adelantó que buscará impugnar la reforma ante los tribunales correspondientes.
El anuncio del Congreso ha generado nuevas críticas y abre un nuevo capítulo en la disputa política que enfrenta a autoridades estatales y municipales en Michoacán.



