La Contraloría Municipal de Silao cerró el caso del terreno ferial y archivó la denuncia que presentaron regidores de oposición contra esa compra millonaria.
El expediente concluyó el 4 de mayo de 2026, tras una investigación a cargo de Ramón Alejandro Patlán Mares, autoridad investigadora municipal asignada al caso.
El cierre de la investigación dejó sin respuesta a la pregunta central: quién autorizó pasar de 30 millones a 80 millones de pesos públicos municipales?
En el 2025, el Ayuntamiento de Silao autorizó adquirir un terreno para la Feria, pero no aprobó ubicación exacta, superficie, medidas, colindancias, propietario ni precio final alguno.
La regidores de oposición sostiene que la decisión real de comprar un terreno de 90 millones salió del Comité de Adquisiciones, no del Pleno del Ayuntamiento, máxima autoridad municipal colegiada en Silao.
El comité de adquisiciones está integrado por la presidenta Melanie Murillo, el síndico Álvaro Caballero, y los regidores María Oliva Vargas, Francisco Chagoya, Jesús Bolaños y Marcela Caballero, aunque ella faltó el día de la aprobación.
Los regidores afirman que ningún comité puede colocarse arriba del Ayuntamiento, porque sólo el Cabildo puede comprometer legalmente al municipio en compras mayores, como en el caso de la feria.
La compra también cargó otra sospecha más: José Guadalupe Hinojosa Navarro firmó el avalúo el mismo día del acuerdo formal del comité municipal.
Diputados de morena acusaron que el perito Hinojosa Navarro es padre de Erika Hinojosa Zamora, directora de Catastro del Gobierno Municipal de Silao en funciones.
También denunciaron que el valuador tenía relación con empresas que trabajaron en la conformación del terreno para la Feria municipal de Silao.
El diario La Jornada publicó que el predio de 4.8 hectáreas que se compró para la feria de Silao costó 80 millones, cuando se trata de un terreno que comercialmente cuesta 40 millones.
El síndico Álvaro Caballero defendió públicamente la operación y advirtió que el municipio perdería 30 millones si cancelaba la escritura con reserva de dominio.
Caballero explicó que el plan “autorizado” contempla pagar 30 millones en 2025, 30 millones en el 2026 y 20 millones más en 2027 para liquidar el terreno completo.
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Los regidores llevaron el caso a Contraloría por posible abuso de facultades, conflicto de interés y daño al dinero público municipal de Silao.
Sin embargo, el agente investigador de contraloría, Ramón Alejandro Patlán Mares concluyó que la compraventa del terreno contaba con autorización suficiente y no acreditó irregularidades administrativas contra funcionarios.
El documento causó molestia porque no aparece firmado por el contralor municipal, Julio César Moreno Navarro, quien es realmente el funcionario facilitado.
Para la oposición, Contraloría evitó revisar el fondo legal: si el Ayuntamiento aprobó una idea general o una compra concreta millonaria.
El caso representó el primer expediente de presunta corrupción señalado por regidores opositores dentro de la administración municipal de Melanie Murillo.
Con el archivo, la Contraloría cerró la puerta administrativa, pero dejó abierta la disputa política por la Feria más cara de Silao.
