En Silao ya encontraron una fórmula bastante cómoda para desaparecer escándalos: se abre un expediente, se simula una investigación, se firma un acuerdo y se manda todo al archivo.
Así ocurrió con la compra del terreno ferial, ese negocio municipal que nació con 30 millones de pesos y terminó en 80 millones, como si el dinero público creciera por generación espontánea entre acuerdos, avalúos, comités y silencios.
La Contraloría Municipal cerró el caso el 4 de mayo de 2026. No lo cerró el contralor con una explicación pública, seria y responsable. Lo cerró Ramón Alejandro Patlán Mares, agente investigador de la propia Contraloría, con una conclusión que parece más un acto de obediencia burocrática que un ejercicio real de fiscalización.
El expediente dejó intacta la pregunta central: ¿quién autorizó pasar de 30 millones a 80 millones de pesos?
Porque una cosa es aprobar la intención de comprar un terreno para la Feria, y otra muy distinta comprometer al municipio durante tres años con una operación millonaria, con pagos de 30 millones en 2025, 30 millones en 2026 y 20 millones más en 2027.
Los regidores de oposición denunciaron que el Ayuntamiento no aprobó ubicación exacta, superficie, medidas, colindancias, propietario ni precio final. Es decir, el Cabildo habría autorizado una idea general, no una compraventa concreta de 80 millones.
Pero la Contraloría prefirió mirar hacia otro lado.
El fondo del asunto no era menor. La decisión real, según los denunciantes, salió del Comité de Adquisiciones, integrado por la presidenta Melanie Murillo, el síndico Álvaro Caballero y regidores como María Oliva Vargas, Francisco Chagoya, Jesús Bolaños y Marcela Caballero, aunque esta última no acudió el día de la aprobación.
La pregunta resulta elemental: ¿puede un comité colocarse por encima del Ayuntamiento?
La respuesta institucional debió tener contundencia, claridad y valor público. En cambio, Silao recibió un carpetazo administrativo con olor a protección política.
Y todavía falta la parte más delicada: el avalúo.
José Guadalupe Hinojosa Navarro firmó el avalúo el mismo día del acuerdo formal del comité. Diputados de Morena señalaron que el perito es padre de Erika Hinojosa Zamora, directora de Catastro del Gobierno Municipal de Silao.
Ese dato, por sí solo, exigía una revisión profunda, pública y transparente. No porque automáticamente pruebe una irregularidad, sino porque abre una duda razonable sobre conflicto de interés, cercanía institucional y posible ventaja dentro de una transacción millonaria.
Pero en Silao, al parecer, las dudas razonables también se archivan.
El caso debió prender todas las alarmas dentro del gobierno de Melanie Murillo. No se trata de cualquier expediente. Se trata del primer gran caso de presunta corrupción señalado dentro de su administración.
Melanie llegó a la Presidencia Municipal con una ventaja mínima, bajo un escrutinio público obligado. Ganó por alrededor de 200 votos. Precisamente por eso debía cuidar cada peso, cada firma, cada acuerdo y cada decisión pública.
No sólo por cuidar su imagen. No sólo por cuidar la marca partidista. Tenía que cuidar la integridad de su gobierno.
Pero este primer caso deja una señal pésima: cuando el poder municipal enfrenta una denuncia incómoda, la Contraloría no escarba, no incomoda, no sacude escritorios. Sólo acomoda papeles.
Y aquí aparece otro personaje inevitable: el contralor Julio César Moreno Navarro. Un funcionario heredado del periodo de Carlos García, señalado por su tibieza frente a expedientes incómodos y hoy convertido, otra vez, en garante del silencio institucional.
Resulta inadmisible que un órgano interno de control funcione como ventanilla de archivo. La Contraloría no existe para cuidar alcaldes, síndicos, regidores o comités. Existe para cuidar el dinero de los ciudadanos.
Pero en este caso, la ciudadanía recibió una burla.
Porque mientras la Feria presume futuro, infraestructura y desarrollo, la compra del terreno arrastra preguntas sin respuesta: ¿por qué 80 millones? ¿Por qué ese predio? ¿Por qué ese avalúo? ¿Por qué ese perito? ¿Por qué el Comité de Adquisiciones tomó una decisión de ese tamaño? ¿Por qué la Contraloría cerró tan rápido la puerta?
Y sobre todo: ¿por qué los regidores de oposición no han hecho más ruido?
Porque también hay que decirlo: si los documentos no se filtraran, muchos opositores seguirían cómodamente sentados, cobrando dieta y administrando su silencio. Denunciar no es entregar un papel y luego esconder la mano. Denunciar implica sostener el tema, presionar, exigir, hablar, exhibir y no soltar.
¿Se quedaron callados por ignorancia, por miedo, por cálculo político o por conveniencia? La ciudadanía tiene derecho a preguntarlo.
Lo cierto es que el primer gran escándalo de la administración panista de Melanie Murillo no se aclaró. Sólo se archivó.
Y archivar no equivale a limpiar.
El carpetazo de la Contraloría no borra las dudas. Las agranda. Tampoco absuelve políticamente a quienes participaron en la compra. Sólo confirma que en Silao el control interno sirve, demasiadas veces, para apagar incendios del poder y no para defender el interés público.
La Feria más cara de Silao todavía no abre sus puertas, pero su terreno ya inauguró algo: el primer monumento a la opacidad del nuevo gobierno municipal.
Ahora falta saber qué harán los regidores de oposición.
Si se quedan callados, también serán parte del archivo.
Y si la Contraloría cree que con una firma puede enterrar 80 millones de pesos, entonces el problema no está sólo en el terreno ferial.
Está en todo el gobierno.