Colectivos de búsqueda en el estado de Guanajuato hicieron un enérgico llamado a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, para que informen de manera pública los avances en las investigaciones relacionadas con asesinatos, desapariciones y agresiones contra personas buscadoras, además de reforzar de forma urgente las medidas de protección.
El pronunciamiento surge tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, quien fue atacada por un grupo armado la noche del pasado martes 23 de junio, luego de salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo.
De acuerdo con los colectivos, el caso de Patricia se suma a una serie de agresiones que evidencian el alto riesgo que enfrentan las personas dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos en la entidad. Señalan que, desde 2018 a la fecha, al menos ocho personas buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato, mientras que seis más continúan desaparecidas, lo que coloca al estado como uno de los más peligrosos del país para esta labor.
Los colectivos denunciaron además la falta de información pública sobre los avances en las investigaciones, las líneas de indagación y posibles detenciones, lo que aseguran contribuye a un clima de impunidad y desconfianza hacia las autoridades.
“Esta falta de información no solo afecta el esclarecimiento de los casos, sino también el de las familias de personas desaparecidas en la entidad”, señalaron en el pronunciamiento.
Asimismo, hicieron un llamado directo a la gobernadora del estado para fortalecer de manera urgente las medidas de protección para las personas buscadoras y sus familias, al advertir que las labores de búsqueda se realizan en territorios marcados por la violencia, el miedo y el control de grupos delictivos.
¿Qué proponía la iniciativa para auditar la gestión de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo?
“Estas condiciones se agravan cuando las instituciones no garantizan seguridad, acompañamiento y acceso efectivo a la justicia”, advirtieron.
Los colectivos también recordaron los cambios recientes en la conducción de la Fiscalía General del Estado, primero bajo la gestión de Carlos Zamarripa Aguirre y ahora con la llegada de Gerardo Vázquez Alatriste, señalando que persisten prácticas que limitan el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la rendición de cuentas.
Finalmente, advirtieron que el vacío de información y justicia ha generado “zonas de silencio” que dificultan las labores de búsqueda y profundizan la incertidumbre de las familias, quienes continúan expuestas a riesgos constantes.
