EU acusa a políticos de narcos para debilitar gobiernos e influir en asuntos internos de otros países, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria afirmó que esa práctica ha sido utilizada por autoridades estadounidenses en distintas ocasiones, incluido México, y sostuvo que existen antecedentes históricos que respaldan esa postura.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que las acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico han servido como una herramienta de presión política. Según dijo, este tipo de señalamientos no solo se presentaron durante su administración, sino también en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico de alguna persona o político para tener una situación de injerencia o debilitamiento de los gobiernos”, declaró la presidenta.
Además, recordó que este tipo de estrategias tienen antecedentes internacionales. Como ejemplo mencionó el caso Irán-Contras, uno de los mayores escándalos políticos de Estados Unidos durante la década de 1980.
De acuerdo con la mandataria, en ese episodio se utilizaron organizaciones vinculadas con el narcotráfico para financiar operaciones encubiertas y apoyar el derrocamiento de un régimen extranjero. Por ello, insistió en que existen precedentes de acciones similares impulsadas desde ese país.
Las declaraciones surgieron luego de que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó haber mentido sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.
Sin embargo, Sheinbaum aseguró que existe una contradicción entre las versiones oficiales y la reciente exhibición del avión utilizado en ese traslado durante un evento del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La presidenta explicó que esa situación motivó al Gobierno de México a solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República. El objetivo es determinar si durante esos hechos se cometió algún delito en territorio nacional.
Asimismo, aclaró que la investigación no busca cuestionar la detención del presunto líder del Cártel de Sinaloa. Por el contrario, reconoció que Ismael Zambada contaba con una orden de aprehensión en México.
No obstante, subrayó que el punto central consiste en establecer si hubo una violación a la soberanía mexicana. En ese sentido, afirmó que el fin no justifica los medios cuando se trata de actuaciones realizadas dentro del territorio nacional.
Por otra parte, Sheinbaum informó que el Gobierno mexicano ya solicitó una explicación formal al actual embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Según explicó, el diplomático revisa la petición para determinar si puede aportar información adicional sobre el caso.
La mandataria también sostuvo que las acciones señaladas no representan necesariamente la postura de todo el gobierno estadounidense. A su juicio, algunas personas vinculadas con sus instituciones han impulsado decisiones que buscan influir en otros países mediante acusaciones relacionadas con el narcotráfico.
Además, recordó que México y Estados Unidos mantienen un tratado bilateral de extradición. Ese mecanismo, dijo, permite la colaboración entre ambos países dentro del marco legal y sin afectar la soberanía nacional.
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Durante la conferencia también rechazó que su administración proteja al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha. Señaló que cualquier solicitud de extradición o procedimiento penal debe estar respaldado por pruebas suficientes y no únicamente por señalamientos públicos.
Incluso, desestimó las versiones que afirman que el mandatario estatal permanece oculto. Según explicó, Rocha continúa en su domicilio y cualquier investigación deberá desarrollarse conforme a derecho.
Finalmente, Sheinbaum cuestionó la estrategia de Estados Unidos para combatir al crimen organizado dentro de su propio territorio. Preguntó cómo se distribuyen las drogas, dónde se comercializan, quién obtiene las ganancias y en qué lugares se realiza el lavado de dinero.
