En México, 15 mil 795 personas tuvieron que dejar sus comunidades a causa de la violencia durante 2025, de acuerdo con el informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El estudio documentó 73 eventos de desplazamiento forzado interno en 11 estados del país, donde familias enteras abandonaron sus hogares por amenazas, enfrentamientos armados y otros hechos relacionados con la inseguridad.
Ocho de cada diez casos están relacionados con el crimen organizado
El informe señala que el 83 % de los desplazamientos registrados estuvo vinculado con la violencia ejercida por grupos del crimen organizado, aunque advierte que las cifras representan únicamente los casos que pudieron documentarse mediante el monitoreo de medios de comunicación, por lo que el número real podría ser considerablemente mayor.
A diferencia de quienes migran hacia otro país, las personas desplazadas permanecen dentro del territorio nacional. Muchas dejan sus viviendas para refugiarse en otro municipio o ciudad, sin la certeza de poder regresar.
Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentran la mayoría de los casos
La investigación revela que Sinaloa fue la entidad con el mayor número de personas desplazadas durante 2025, al concentrar el 39.2 % del total nacional.
Le siguen:
Chihuahua, con el 28.4 %.
Michoacán, con el 21.3 %.
En conjunto, estas tres entidades concentraron casi nueve de cada diez personas desplazadas registradas durante el año.
Las familias huyen por amenazas y enfrentamientos
El documento destaca que muchas familias abandonaron sus comunidades incluso antes de sufrir una agresión directa, al recibir amenazas o detectar la presencia de grupos armados.
Entre las principales causas del desplazamiento se encuentran:
Enfrentamientos entre grupos criminales.
Extorsiones.
Homicidios.
Desapariciones.
Reclutamiento forzado.
Disputas por el control de caminos, tierras y actividades económicas.
Las comunidades rurales, indígenas y campesinas son las más afectadas debido a la limitada presencia de autoridades.
Preocupa el uso de minas y drones por grupos criminales
El informe también advierte sobre el incremento en el uso de drones, explosivos improvisados y minas terrestres por parte de organizaciones delictivas para vigilar comunidades, restringir caminos o atacar viviendas.
En este contexto, Apatzingán, en Michoacán, fue identificado como el municipio con el mayor número de personas desplazadas durante 2025. En esa región, junto con Buenavista, se registraron durante los primeros meses del año 10 incidentes relacionados con minas explosivas, que dejaron siete personas fallecidas y cuatro lesionadas.
El desplazamiento deja consecuencias más allá de la violencia
La Universidad Iberoamericana advierte que abandonar el hogar implica mucho más que cambiar de residencia. Las familias también pierden fuentes de ingreso, cultivos, animales, documentos personales y redes de apoyo.
Además, enfrentan dificultades para encontrar vivienda, conseguir empleo, acceder a servicios médicos o inscribir a niñas, niños y adolescentes en las escuelas.
En el caso de las comunidades indígenas, el desplazamiento también representa una ruptura con su territorio, su cultura y sus formas tradicionales de organización.
México aún carece de un registro nacional
El informe recuerda que el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) estimó que hasta finales de 2024 había alrededor de 390 mil personas desplazadas internamente en México.
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Sin embargo, el país aún no cuenta con un registro nacional que permita conocer con precisión cuántas personas han sido desplazadas, cuántas lograron regresar a sus comunidades y cuántas permanecen fuera de sus hogares.
La investigación también señala que México carece de una ley general sobre desplazamiento interno, por lo que la atención a las víctimas depende de las capacidades de cada estado, generando respuestas desiguales frente a un fenómeno que continúa creciendo en diversas regiones del país.
