La deuda pública para Guanajuato por 4 mil millones de pesos fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que el Congreso del Estado cumplió con los requisitos constitucionales al autorizar el financiamiento destinado a proyectos de inversión pública productiva.
La resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte, que desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT), quienes buscaban invalidar el decreto aprobado por el Poder Legislativo estatal.
Con esta decisión, el Gobierno de Guanajuato mantiene la autorización para contratar el financiamiento durante el ejercicio fiscal 2026, siempre con el destino establecido en el decreto aprobado por el Congreso local.
Deuda pública supera revisión constitucional
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por 12 diputados locales de Morena y del PT, quienes argumentaron que el Decreto 164 no especificaba las obras que serían financiadas con los recursos obtenidos mediante el endeudamiento.
Según los legisladores, esa omisión abría la posibilidad de un manejo discrecional del dinero público y contravenía lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, la SCJN concluyó que esos argumentos eran infundados y resolvió mantener la validez del decreto aprobado por el Congreso de Guanajuato.
La Corte explica por qué validó el decreto
La ministra Loretta Ortiz Ahlf, encargada del proyecto de resolución, explicó que la Constitución no obliga al Congreso a describir cada una de las obras específicas que ejecutará el Poder Ejecutivo.
Precisó que el requisito constitucional consiste en que el Poder Legislativo autorice el financiamiento, analice la capacidad de pago del estado y determine el destino general de los recursos.
Además, señaló que el Decreto 164 identifica seis programas de inversión pública y asigna montos específicos para cada uno, lo que cumple con el nivel de precisión exigido por la Constitución.
Diputados cuestionaban destino del financiamiento
Los legisladores promoventes sostenían que la autorización del crédito carecía de suficientes controles para garantizar el uso transparente de los recursos públicos.
A su juicio, la ausencia de un listado detallado de proyectos específicos podía generar discrecionalidad en la aplicación del financiamiento autorizado al Gobierno estatal.
No obstante, la Suprema Corte consideró que el decreto establece límites claros respecto al destino de la deuda pública, por lo que no existe una violación al marco constitucional.
Gobierno mantiene autorización para contratar crédito
Con la resolución de la SCJN, el Gobierno encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo conserva la autorización legal para contratar hasta 4 mil millones de pesos en deuda durante 2026.
Los recursos deberán destinarse exclusivamente a programas de inversión pública productiva, conforme a los términos aprobados por el Congreso del Estado y validados por el máximo tribunal del país.
