El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quedó en prisión preventiva por el caso Ayotzinapa, luego de que un juez federal rechazara que enfrentara el proceso desde su domicilio. La FGR lo acusa de desaparición forzada y obstrucción de justicia.
La decisión se tomó después de una audiencia de más de seis horas realizada en el Centro de Justicia Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La defensa solicitó que Aguirre cumpliera la medida en su domicilio debido a su edad y estado de salud. Sin embargo, el juez consideró que no se cumplían los requisitos legales para conceder esa excepción.
Exgobernador de Guerrero queda en prisión
Aguirre Rivero llegó a la audiencia en silla de ruedas y aseguró que su estado de salud empeoró después de su detención. Incluso señaló que durante la noche se sintió mal dentro del penal.
Antes de la audiencia, el exmandatario fue valorado por un médico. Sin embargo, esos argumentos no fueron suficientes para modificar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de la República.
El exgobernador de Guerrero permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza la audiencia en la que se determinará si existen elementos para iniciar un proceso penal en su contra.
Fiscalía acusa ocultamiento de pruebas
Durante la audiencia, la FGR presentó los señalamientos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La acusación se centra en el presunto ocultamiento y destrucción de evidencias sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Entre las pruebas mencionadas están videos de las cámaras de vigilancia ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Guerrero. La Fiscalía sostiene que esas imágenes podían aportar información relevante para esclarecer los hechos.
Testigos señalan al exgobernador
La acusación de la Fiscalía se apoya en los testimonios de dos funcionarias del Poder Judicial de Guerrero. Ambas relacionan al entonces gobernador con el presunto ocultamiento de las grabaciones.
Una de las testigos afirmó que entregó un disco con los videos a Aguirre el 29 de septiembre de 2014. Según su declaración, al día siguiente el gobernador habría convocado a colaboradores cercanos.
Entre los funcionarios señalados aparece el entonces procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco. La Fiscalía busca acreditar que desde el gobierno estatal se ordenó ocultar o destruir información.
Juez decidirá situación del exgobernador
Aunque escuchó los señalamientos, Aguirre Rivero decidió inicialmente reservarse su derecho a declarar. Sin embargo, posteriormente tomó la palabra para expresar su postura frente al caso.
El exgobernador de Guerrero aseguró que lamenta lo ocurrido con los normalistas y sostuvo que siempre colaboró con las investigaciones para esclarecer la desaparición de los estudiantes.
“Yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”, afirmó Aguirre durante la audiencia, en la que rechazó los señalamientos formulados por la Fiscalía.
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La audiencia continuará el martes 11 de agosto. El juez tendrá hasta las 20:00 horas del miércoles 12 para decidir si vincula o no a proceso al exgobernador.
La FGR informó que la acusación forma parte de un nuevo análisis de las investigaciones sobre Ayotzinapa. En este trabajo participaron autoridades federales y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Según la Fiscalía, las nuevas diligencias permitieron identificar posibles líneas de investigación sobre el ocultamiento de evidencias. Además, sostiene que existen datos que apuntan a una instrucción directa del entonces mandatario estatal.
