Guanajuato acumula una crisis de desapariciones que ya no cabe en discursos oficiales, registros parciales ni plataformas públicas construidas con información incompleta del estado.
El investigador, Fabrizio Lorusso presentó ayer, en la Universidad Iberoamericana datos que colocan al estado frente a una pregunta incómoda: ¿quién controla entonces la verdad pública de los desaparecidos?
El registro ciudadano documenta más de 5 mil 600 personas desaparecidas, más de 850 fosas clandestinas y mil 105 cuerpos sin identificación oficial en Guanajuato.
El acumulado de fosas creció nueve veces más durante los últimos años; pero además, los cuerpos sin identificar aumentaron 22 por ciento en 18 meses recientes.
Guanajuato presenta un nuevo fenómeno: menos homicidios, pero más desparecidos.
Las cifras oficiales no cuentan toda la historia porque dependencias estatales como la Fiscalía General de Justicia, registra fragmentos, omite datos y publica información que cambia, desaparece o llega tarde.
Antes, investigadores y colectivos podían obtener información oficial más completa, pero este año, comenzó a ocultarse otra vez el registro -que ya no es registro- de la enorme cantidad de desapariciones.
“Hasta parece que hay la encomienda de no hacer el registro del registro” dijo el investigador Fabrizio Lorusso, quien presentó su informe ante la comunidad universitaria.
El problema novedoso presentado por activistas, refiere que ahora el crimen organizado ha decido dejar “ejecutados” o “personas maniatadas” en fosas comunes dentro de panteones que están bajo la responsabilidad de autoridades municipales.
“Los panteoneros saben más que las propias autoridades”, coincidieron las y los activistas que participaron en la presentación del Informe sobre el Registro de las fosas en Guanajuato.
Ahí han aparecido cuerpos con señales de violencia, manos atadas, heridas de ejecución y pertenencias personales sin documentación forense suficiente ni trazabilidad pública alguna.
Esa evidencia abre otra grieta: personas desaparecidas podrían terminar dentro de cementerios sin identificación, sin cadena de custodia y sin explicación para familias afectadas.
Las autoridades tampoco han aclarado si existe una modalidad criminal detrás de esos entierros, si hay amenazas contra panteoneros o conocimiento desde gobiernos municipales.
Lorusso expone un patrón que permite cuestionar cifras que el gobierno sube a sus plataformas: registros a medias que producen una realidad institucional recortada.
Para las familias, identificar no significa reconocer una prenda, una fotografía o una cicatriz; exige ciencia, bases conectadas, muestras genéticas y procedimientos verificables también.
Pero aunque la fiscalía presume que cuenta con eso, en la práctica no existe nada de avance científico en el reconocimiento de los cadáveres, tan es así que las cifras del cementerio oficial de la fiscalía sigue lleno de personas sin identificar.
Peor aún, las familias de los desparecidos en Guanajuato no cuentan con seguimiento oficial de las investigaciones.
Y mucho peor aún, los agentes investigadores de la fiscalía que no investigan desde hace años, se mantienen en los puestos, bajo una sombra de impunidad por no hacer nada.
“Mínimo deberían de despedirlos, pero ni eso”, dijo Isabel Beltrán otra de las activistas presentes y experta en identificación humana, peritaje social y análisis de contexto de la Universidad de Guerrero.
Sin embargo, la interconexión entre bases de datos no ocurre con la eficacia necesaria, mientras fiscalías, seguridad pública y registros estatales conservan información prácticamente fragmentada.
Y eso lo sostiene Karla Martínez, una buscadora incansable que lleva seis años y seis meses en la esperanza de encontrar a su hermano. Su historia representa días sin respuesta y preguntas sin cierre alguno. Así es el trato en Guanajuato.
Verónica Durán busca a su hijo y su objetivo es encontrarlo, recuperarlo y devolverle nombre ante su familia. Pero lleva años esperando que las autoridades le den informes de algún avance. Pero nada avanza.
Entre 2020 y 2026 cambió el tamaño del movimiento, no la causa: persiste la tristeza, la impotencia, el desánimo y solo el amor por sus desaparecidos les hace mantener el trabajo agobiante de localizar a quienes faltan en Guanajuato.
“Llevamos años viendo que la fiscalía no lo hace (buscar personas desparecidas)”, dijo decepcionada Bibiana Mendoza del movimiento “Hasta encontrarte”.
El crecimiento de las desapariciones ha provocado también el aumentado de colectivos que buscan a sus familiares por todo el territorio de Guanajuato.
Hoy existen más de 30 colectivos en Guanajuato, además de miles de personas independientes que buscan y alimentan registros que deberían construir las autoridades.
Todos ellos concentran y documentan casos, fosas y asesinatos de mujeres buscadoras que exigen respuestas al Estado.
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Tanto plataformas ciudadanas, como universidades y redes académicas han construido mapas e informes desde 2009, precisamente porque los registros estatales resultan incompletos, opacos o inaccesibles.
El contraste pesa: sociedad civil registra, cruza nombres y recorre panteones; el gobierno publica datos a medias en sistemas que pierden precisión y credibilidad.
Detrás de cada cifra hay una ausencia, pero también una disputa por la verdad: contar completos los desaparecidos significa reconocer la dimensión del problema.
O quieren enterrar la verdad o simple y sencillamente no tienen el control territorial como Estado.
