Estados Unidos alertó sobre el reclutamiento infantil por organizaciones criminales, mientras Guanajuato acumula 231 posibles víctimas entre 2020 y 2024, según datos de REDIM.
El informe estadounidense sobre trata de personas identifica al Cártel de Sinaloa, al CJNG y al Tren de Aragua entre las organizaciones criminales involucradas.
“Los grupos criminales han aumentado el reclutamiento de menores para actividades ilícitas”, advierte el Departamento de Estado en su extenso informe correspondiente a 2026.
El reporte describe falsas ofertas laborales, manipulación económica, amenazas, secuestros y violencia como mecanismos para obligar a niños y adolescentes a cometer diversos delitos.
También señala explotación sexual y trabajos forzados, aunque no identifica expresamente a Guanajuato ni atribuye casos concretos en ese estado a esos tres cárteles.
Por separado, la Red por los Derechos de la Infancia en México contabilizó 231 posibles víctimas de reclutamiento criminal en Guanajuato durante cinco años.
Según las cifras difundidas por la organización, 212 eran varones; durante 2024 registró 28 casos y en 2022 alcanzó 76, su máximo registro anual.
REDIM estimó además que entre 10 mil 600 y 18 mil 300 menores guanajuatenses enfrentaban riesgo de reclutamiento durante 2020, sin acreditar captaciones concretas.
En el ámbito nacional, Estados Unidos cuestionó la respuesta institucional mexicana: las investigaciones por trata disminuyeron de 661 durante 2024 a 489 en 2025.
Aunque las autoridades iniciaron procesos contra 268 sospechosos y obtuvieron 124 condenas en 2025, el informe advierte serias deficiencias en los registros de investigaciones.
El documento considera poco confiable la recopilación oficial de datos y señala que México tampoco proporcionó información completa sobre las investigaciones federales por trata.
“La corrupción y la complicidad en los delitos de trata continuaron obstaculizando la actuación policial”, advierte el reporte al examinar la respuesta gubernamental mexicana.
Durante 2025, las autoridades no procesaron ni condenaron a funcionarios por complicidad en trata, aunque investigaron a un militar mexicano por presunta trata sexual.
Estados Unidos tampoco encontró actualizaciones sobre investigaciones previas contra autoridades locales y funcionarios judiciales presuntamente involucrados; la impunidad permanece también entre sus principales preocupaciones.
El reporte agrega que jueces recién electos y agentes sin especialización carecían de capacitación suficiente, situación que favoreció acusaciones con sanciones penales significativamente menores.
Además, Estados Unidos cuestiona la coordinación aún lenta entre las fiscalías federales y estatales; México disolvió en junio de 2025 la Coordinación Nacional Antisecuestro.
La identificación de víctimas también presenta fallas: las autoridades no revisan sistemáticamente indicios de trata entre menores detenidos por presuntos delitos vinculados con pandillas.
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El gobierno mexicano identificó 1,743 víctimas de trata durante 2025, pero el informe advierte posibles duplicidades y tampoco ofrece cifras específicas de menores reclutados.
México anunció un plan nacional contra el reclutamiento infantil para 2025-2030, pero terminó el periodo evaluado sin concluirlo, pese a advertencias sobre captación digital.
En Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García afirmó en septiembre de 2025 que no había casos identificados de reclutamiento forzado; aunque reconoció la participación delictiva de adolescente.
En el Congreso del Estado aún se analiza una reforma para castigar específicamente el reclutamiento de menores, mientras sigue pendiente esclarecer cuántos sufrieron coerción y quiénes los captaron.
