Guanajuato reportó contar con 12 de las 14 herramientas tecnológicas consideradas básicas para investigar delitos. Sin embargo, el estado forma parte de un panorama nacional marcado por el rezago tecnológico en fiscalías, que limita las capacidades institucionales para esclarecer hechos criminales.
De acuerdo con el estudio Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México, elaborado por México Evalúa y la fundación Friedrich Naumann, 20 de las 29 fiscalías que proporcionaron información contaban con siete o menos herramientas evaluadas.
El diagnóstico advierte que la falta de tecnología, los sistemas desconectados y la ausencia de planeación dificultan las investigaciones. Además, estas deficiencias pueden afectar la integración de pruebas y contribuir a la persistencia de la impunidad.
Rezago tecnológico en fiscalías afecta la investigación criminal
La evaluación colocó a Baja California y Querétaro en los primeros lugares, con 13 herramientas tecnológicas disponibles. Guanajuato ocupó el siguiente sitio, con 12, mientras Nuevo León reportó 11 y Durango, 10.
En contraste, Morelos informó disponer de apenas una herramienta, seguido de Jalisco, con dos, y Yucatán, con tres. Por su parte, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur reportaron cinco cada una.
El estudio identificó carencias importantes entre las instituciones participantes. Diecinueve fiscalías no contaban con sistemas de identificación facial, cuatro carecían de tecnología para identificar armas y 15 no disponían de herramientas de análisis masivo de información.
Además, 20 instituciones reportaron no tener sistemas para localizar patrullas en tiempo real. Estas limitaciones reflejan el rezago tecnológico en fiscalías y las dificultades para incorporar recursos digitales a las investigaciones cotidianas.
Guanajuato utiliza sistemas de identificación y localización
En el caso de Guanajuato, la Fiscalía informó utilizar un sistema de comparación biométrica y la plataforma Animetrics Inc. Estas herramientas forman parte de los recursos tecnológicos destinados a identificar personas mediante características físicas.
Asimismo, Guanajuato y Nuevo León reportaron utilizar GPS para localizar patrullas. Sin embargo, los investigadores señalaron que esta tecnología necesita complementarse con plataformas que almacenen recorridos y permitan monitorear simultáneamente las unidades.
La investigación también encontró diferencias entre las entidades respecto a otros sistemas especializados. Baja California informó desarrollar su propia herramienta de identificación facial, mientras Chiapas confirmó disponer de una plataforma, aunque no precisó su nombre.
Por otra parte, la Ciudad de México utiliza el archivo criminal CARAMEX y cuenta con un registro especial de personas desaparecidas. Nuevo León reportó utilizar tecnología biométrica automatizada de Thales, mientras Querétaro y Tlaxcala mencionaron otras soluciones especializadas.
Especialistas advierten falta de planeación tecnológica
Susana Camacho, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, advirtió que las fiscalías carecen de una planificación adecuada para adquirir e implementar herramientas digitales. Por ello, considera que disponer de tecnología no garantiza automáticamente investigaciones más eficientes.
En entrevista, explicó que algunos sistemas no están interconectados y carecen de capacidades suficientes para organizar la información. Como consecuencia, aparecen retrasos, problemas de comunicación e ineficiencias que afectan el trabajo de las instituciones responsables de investigar delitos.
La especialista también identificó una desconexión entre las herramientas digitales y la teoría del caso. Es decir, los recursos tecnológicos no siempre se incorporan estratégicamente a la explicación de los hechos que una fiscalía pretende demostrar ante un juez.
Además, el estudio encontró un aprovechamiento insuficiente de las pruebas obtenidas mediante tecnología durante los procesos judiciales. Según los investigadores, esta situación puede dificultar la judicialización de los casos y contribuir a mantener los niveles de impunidad.
Camacho mencionó experiencias que considera positivas, como el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y los mecanismos digitales de recepción de denuncias utilizados por la policía de Querétaro. Sin embargo, señaló que todavía constituyen excepciones.
Persisten carencias en herramientas de investigación criminal
El diagnóstico también examinó las tecnologías para administrar expedientes, proteger al personal y facilitar los procedimientos de justicia penal. Hasta enero de 2026, 28 de las 29 fiscalías participantes reportaron contar con sistemas para gestionar sus casos.
De esas instituciones, 20 señalaron utilizar diariamente sus plataformas para realizar actividades que van más allá de asignar números únicos a los expedientes. Asimismo, 26 fiscalías informaron disponer de sistemas de identificación mediante huellas dactilares.
En materia genética, 25 instituciones reportaron contar con sistemas para analizar y comparar perfiles de ADN. Respecto a la identificación de armas, 20 utilizaban el Sistema Integrado de Identificación Balística, aunque Coahuila reconoció tener una plataforma que no aprovecha por falta de presupuesto.
Las carencias también aparecen en otros procedimientos. Solamente 18 fiscalías reportaron disponer de sistemas para desbloquear y extraer información de teléfonos celulares, mientras 21 carecían de herramientas para recibir denuncias directamente en el lugar de los hechos.
En contraste, 21 instituciones contaban con mecanismos para recibir denuncias, predenuncias o videodenuncias en línea. Sin embargo, ocho fiscalías reconocieron no disponer de estos mecanismos digitales para facilitar el acceso de la población.
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Respecto al análisis masivo de información, 12 fiscalías reportaron utilizar herramientas de big data y 15 señalaron carecer de ellas. Este recurso permite procesar grandes cantidades de información que pueden apoyar la identificación de patrones delictivos.
El problema también está reconocido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, publicada el 13 de mayo de 2025. El documento plantea fortalecer sistemas de identificación de huellas, ADN y análisis de voz, además de mejorar la conexión entre bases de datos estatales y federales.
Así, el rezago tecnológico en fiscalías representa un desafío que va más allá de adquirir equipos y programas especializados. El reto consiste en integrar estas herramientas a las investigaciones, fortalecer al personal y conseguir que las evidencias contribuyan al esclarecimiento de los delitos.
