La regidora Oliva Vargas Páramo llevó ante la justicia federal su inconformidad con la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG). La edil presentó un recurso ante la Sala Regional Monterrey para impugnar el acuerdo relacionado con su denuncia por violencia política de género.
La decisión busca evitar que el procedimiento regrese a etapas anteriores de investigación. Esto después de que el tribunal estatal ordenara reponer parte del proceso correspondiente al expediente TEEG-PES-22/2026.
Vargas Páramo señaló que busca frenar la revictimización institucional y evitar un mayor desgaste procesal. Por ello, después de revisar las alternativas con su equipo jurídico, decidió acudir a la instancia federal.
Lleva Oliva Vargas el conflicto electoral ante tribunal federal
La regidora presentó los alegatos correspondientes ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con este recurso busca que una instancia federal revise la determinación emitida por el tribunal guanajuatense.
El desacuerdo surgió por la resolución del expediente TEEG-PES-22/2026. En ella, el TEEG ordenó reiniciar etapas previas del procedimiento ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
Esta determinación implicaba reponer parte de la investigación. Sin embargo, la edil consideró que esa medida prolongaría el proceso y provocaría un desgaste adicional para quienes denunciaron los hechos.
Busca frenar revictimización institucional durante el procedimiento
Entre los argumentos expuestos por la regidora destaca la necesidad de evitar la revictimización institucional. Su inconformidad se centra en las consecuencias de prolongar el procedimiento mediante la reposición de etapas anteriores.
Por ello, decidió recurrir a la justicia federal después de analizar las posibles vías jurídicas. La intención es conseguir una revisión de fondo sin regresar nuevamente a fases que ya habían sido desarrolladas.
La impugnación también coloca bajo revisión la actuación de las autoridades electorales estatales. Ahora corresponderá a la instancia federal determinar si la resolución del TEEG debe mantenerse o modificarse.
Denuncia exclusión política dentro del Ayuntamiento
El asunto también involucra señalamientos sobre presuntas prácticas de invisibilización y exclusión política. Vargas Páramo sostiene que estas conductas se habrían presentado de manera reiterada desde el inicio del actual Ayuntamiento.
Entre las personas que menciona se encuentran su compañero de cabildo y partido, Francisco “Paco” Chagoya Navarro, así como la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha Aguilar.
La regidora también señaló afectaciones hacia otros integrantes y al propio instituto político. Según su planteamiento, el conflicto trasciende su situación individual y refleja un problema de participación política dentro del gobierno municipal.
Espera resolución de la Sala Regional Monterrey
Con la presentación del recurso, Oliva Vargas Páramo busca que el órgano jurisdiccional federal revise los argumentos contra la determinación estatal. El procedimiento deberá continuar conforme a las etapas y disposiciones electorales correspondientes.
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Por ahora, la representante popular permanece a la espera de que la Sala Regional Monterrey radique formalmente el medio de impugnación. Posteriormente, el tribunal deberá analizar los planteamientos y emitir una resolución.
El caso podría tener implicaciones para la atención de denuncias por violencia política de género en Guanajuato. La controversia también pone sobre la mesa los tiempos de investigación y las consecuencias de ordenar la reposición de procedimientos.
