Tres hombres fueron condenados a 55 años de prisión cada uno por privar de la libertad y torturar a dos personas en Irapuato. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato consiguió una sentencia de especial relevancia que ya quedó firme.
Las víctimas fueron secuestradas durante abril de 2024 y trasladadas a una casa de seguridad. Sus captores buscaban obtener información sobre la venta de drogas y obligarlas a participar en actividades criminales.
Secuestran a dos hombres y los someten a torturas
Los hechos comenzaron el 5 de abril de 2024, cuando uno de los afectados, quien trabajaba como taxista, comía con un cliente en la colonia El Naranjal. Ahí fue interceptado por Salvador Alfonso “N”, alias “el chaparro”; Luis Jonathan “N”, “el jalisco”, y Manuel “N”, “el mudo”.
Los agresores lo trasladaron a un inmueble de la calle Rosendo Salazar, en la colonia Primero de Mayo, donde lo interrogaron y torturaron. Esa misma noche también secuestraron al propietario de un establecimiento nocturno del bulevar Solidaridad y lo llevaron al mismo domicilio.
Rescatan a las víctimas y detienen a los responsables
Ambos hombres fueron sometidos a agresiones físicas y psicológicas para obtener información sobre la comercialización de drogas. Además, sus captores buscaban obligarlos a incorporarse a esas actividades delictivas y grabaron parte de las torturas.
El 6 de abril de 2024, alrededor de las 21:00 horas, agentes de Investigación Criminal ingresaron al inmueble y rescataron a las víctimas, quienes estaban atadas de pies y manos. Afuera detuvieron a los tres responsables cuando intentaban ingresar para continuar vigilándolas.
Dictan sentencia de 55 años sin beneficios
Tras integrar las pruebas mediante investigaciones de campo, peritajes y análisis de información, la Fiscalía acreditó la responsabilidad de los acusados por privación de la libertad agravada y lesiones gravísimas calificadas.
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El 10 de noviembre de 2026, mediante un procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia de 55 años de prisión para cada responsable, sin beneficios ni sustitutivos. Además, impuso multas, el pago por daño psicológico y la suspensión de sus derechos político-electorales.
La resolución también dejó a salvo el derecho de las víctimas para cuantificar la reparación del daño moral e integral durante la ejecución de la sentencia. Finalmente, quedó firme luego de que las partes renunciaron a los plazos para impugnarla.
