La Fiscalía General de la República informó que el representante legal de la familia de Rubén “N”, identificado como Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, solicitó formalmente la entrega del cuerpo del presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En un comunicado, la dependencia detalló que recibió un escrito presentado por quien se acreditó como representante jurídico de los familiares del fallecido, mediante el cual se pide la entrega de los restos mortales. La institución señaló que el Ministerio Público se encuentra desahogando los procedimientos legales y protocolarios necesarios antes de formalizar la entrega.
En paralelo, dos hombres identificados como Andrés “N” y Genaro “N”, señalados como presuntos integrantes del CJNG, fueron trasladados durante la madrugada al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.
Los detenidos habían sido puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tras su captura el domingo pasado durante el operativo en el que fuerzas federales abatieron a Oseguera Cervantes en Tapalpa.
De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal formuló imputación en su contra por su probable responsabilidad en delitos de portación de armas con agravante, así como posesión de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Tras exponer los datos de prueba, la jueza de control otorgó prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica.
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Durante la audiencia, realizada por videoconferencia, los imputados se declararon inocentes y afirmaron haber sido confundidos con integrantes de la célula criminal. Asimismo, solicitaron la práctica de peritajes de dactiloscopía y de rodizonato de sodio para sustentar su defensa. La autoridad judicial concedió la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa, por lo que ambos permanecerán en el penal del Altiplano en tanto se resuelve su vinculación a proceso.
La Fiscalía reiteró que a los acusados se les presume inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
