
En Silao no gobierna la austeridad. Gobierna la memoria corta, el doble discurso y una élite política que predica sacrificio, pero administra privilegios y sin pudor.
Melanie Murillo, presidenta municipal, percibe 197 mil pesos mensuales, una cifra que no admite matices: representa 21 veces el ingreso de un obrero silaoense.
Es un descaro!!!
Ese dato no es técnico, es político. Expone una distancia brutal entre quienes gobiernan desde el escritorio y quienes sostienen la economía desde la línea de producción.
Pero el problema no es individual. Es estructural. El síndico Álvaro Caballero cobra 101 mil pesos mensuales y cada regidor recibe 93 mil pesos como salario base.
A esa cifra se agregan prestaciones que inflan el ingreso real: 15 mil pesos en gasolina y 25 mil pesos mensuales para gastos de representación, además del pago para sus asesores.
¿Por qué los opositores no señalaron sus altos privilegios en los jaloneos del presupuesto? Aquí ni panistas ni morenistas alegaron, menos aún el regidor de MC, Paco Chagoya que salió igual de descarado que todos.
Con estas cifras, cada integrante del Ayuntamiento no sólo gana bien, sino que dispone de recursos públicos adicionales para operar con comodidad institucional permanente.
MELANIE Y SU PARTIDA SECRETA
Y todavía hay más. Existe un apartado discrecional que permite ajustes salariales adicionales, que en algunos casos elevan percepciones cercanas o superiores a 100 mil pesos para directores.
Ese mecanismo, lejos de transparentarse, se administra con opacidad, convirtiéndose en una válvula política para compensar, premiar o mantener equilibrios internos de poder.
En el caso de la alcaldesa, su oficina particular dispone además de una bolsa cercana a siete millones de pesos para gestiones sociales sin controles claros.
Se trata de recursos públicos manejados con discrecionalidad, bajo el argumento de atención ciudadana, pero sin reglas visibles que garanticen equidad en su distribución.
El contraste con su discurso pasado resulta todavía más demoledor.
Durante campaña, Melanie Murillo criticó el salario de su antecesor, Carlos García, y lo calificó como excesivo.
En aquel momento, la hoy alcaldesa construyó su narrativa sobre la indignación ciudadana frente a los altos salarios del gobierno municipal.
No sólo criticó. Propuso. Como diputada, recomendó que el salario del alcalde no superara los 115 mil pesos mensuales, bajo criterios de responsabilidad pública.
Hoy, esa postura no sólo desapareció. Se traicionó.
Murillo no redujo el salario: lo sostuvo en niveles que antes calificó como injustificados.
La congruencia quedó enterrada bajo el peso del cargo. La crítica se volvió silencio. La exigencia se convirtió en práctica. El discurso se transformó en simulación.
¿Así o más descarado?
El miércoles pasado, en plena Semana Santa, el Cabildo aprobó un presupuesto cercano a mil 800 millones de pesos para el ejercicio 2026.
La aprobación llegó tras meses de tensión política, donde una diferencia de 15 millones de pesos generó disputas, negociaciones y ajustes internos.
Ese monto no es menor. Coincide prácticamente con el costo anual de mantener al Cabildo, incluyendo salarios, prestaciones y beneficios de sus integrantes.
Mientras tanto, apenas 200 millones de pesos se asignan a obra pública, una proporción que revela prioridades profundamente distorsionadas en el gasto municipal.
El resto del presupuesto, cerca de 1 mil millones, se consume en nómina, operación administrativa y gastos que poco inciden en resolver los problemas estructurales de la ciudad.
Silao enfrenta rezagos en infraestructura, servicios y seguridad, pero su gobierno privilegia mantener una estructura costosa que reproduce privilegios sin rendición efectiva.
La pregunta no es técnica, es ética. ¿Cómo justificar estos ingresos frente a una población que enfrenta precariedad laboral y limitaciones económicas cotidianas?
Más aún, ¿cómo sostener ese nivel de gasto cuando la propia alcaldesa construyó su carrera política denunciando exactamente lo mismo que hoy reproduce?
La respuesta es incómoda, pero evidente: el poder no cambió las condiciones, cambió a quien lo ejerce. Y con ello, cambió también sus convicciones.
Lo que antes era abuso, hoy es normalidad. Lo que antes era indignación, hoy es administración. Lo que antes era promesa, hoy es olvido.
Silao no enfrenta sólo un problema presupuestal. Enfrenta una crisis de credibilidad política, donde el discurso público ya no coincide con la realidad gubernamental.
La ciudadanía observa, compara y concluye. No se trata de cifras aisladas, sino de un patrón claro: prometer austeridad para después gobernar con privilegios.
Y cuando eso ocurre, no sólo se pierde coherencia. Se erosiona la confianza, se debilita la legitimidad y se profundiza la distancia entre gobierno y sociedad.
El verdadero abuso no consiste sólo en cobrar demasiado del dinero público, sino en traicionar la palabra empeñada, usar el poder para conservar privilegios y pretender gobernar con una moral que sólo existe en campaña.


