El milagro de Morena: agua privada y políticos reciclados

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En Silao, la Cuarta Transformación discute quién mandará mañana, aunque el verdadero poder ya tiene llave, tuberías y veinticinco años adicionales de concesión privada.

Carlos García Villaseñor y Ricardo García Oseguera hoy aparecen en bandos morenistas distintos. Sus acuerdos, sin embargo, anteceden al partido y exhiben continuidad municipal.

Comenzó en 2001, cuando García presidía el Ayuntamiento que autorizó un operador particular para los servicios hidráulicos de FIPASI, parque industrial con clientes empresariales.

En marzo de 2002, el gobierno municipal reconoció a García Oseguera como operador privado único. La política firmó; la operación quedó fuera de SAPAS.

En 2006, García Oseguera cedió los derechos a CUDIMEX. El expediente identifica al empresario y a la sociedad; no necesita leyendas sobre conspiraciones nocturnas.

Lo extraordinario vino después: el currículum oficial de Carlos García consigna que trabajó para CUDIMEX-FIPASI de 2017 a 2021, antes de regresar como alcalde.

No hablamos de coincidencias de apellido ni de sospechas de sobremesa. Hablamos de una relación laboral declarada por el propio funcionario en documentos municipales.

Y mientras unos presumen ruptura política, los papeles cuentan una continuidad más elocuente: primero la autorización, después el empleo y finalmente la prórroga municipal.

En julio de 2024, Ricardo García Lambarry, hijo de Oseguera y presidente del consejo de CUDIMEX, pidió prolongar la concesión otros veinticinco años más.

El Cabildo recibió la solicitud el día 24 y creó una comisión para revisar condiciones técnicas, financieras y legales. Cecilia Rodríguez encabezó aquella revisión.

Dos semanas después, el 7 de agosto, ocho votos aprobaron la prórroga. El Ayuntamiento no podía operar tuberías, pero sí repartir veinticinco años adicionales.

La explicación pública merece un monumento a la modestia institucional: el Ayuntamiento declaró que no podía prestar directamente los servicios hidráulicos dentro de FIPASI.

Extraño gobierno: incapaz de administrar el agua industrial, pero perfectamente capacitado para decidir quién la administrará durante una generación. Ahí sí sobró autoridad política.

¿Y SAPAS, organismo encargado del agua municipal? Apenas aparece como invitado al examen de una operación que merecía cuentas claras, costos comparables y vigilancia.

Mario López Remus dirigió SAPAS durante ese gobierno y hoy busca coordinar Morena. No votó la prórroga; debe explicar qué sabía SAPAS sobre FIPASI.

Porque el antecedente resulta demoledor: en 2020, la Secretaría del Ayuntamiento no encontró el título de concesión y SAPAS desconocía quién operaba esos servicios.

Cuatro años después, aparecieron suficientes certezas para conceder otros veinticinco años. La memoria administrativa falla para informar, pero funciona maravillosamente para autorizar contratos privados.

Cecilia Rodríguez, entonces síndica, presidió la comisión revisora; ahora también busca la coordinación. ¿Qué dictámenes conoció antes de aquel voto que prolongó la concesión?

La publicación oficial informa la prórroga, no transparenta el negocio entero: tarifas, contraprestaciones, ingresos y obligaciones económicas siguen sin explicación pública suficiente y verificable.

Nadie puede cuantificar una pérdida de SAPAS sin esos datos. Precisamente por eso la autoridad debía exhibirlos antes de hipotecar decisiones de futuros ayuntamientos.

Los aspirantes prometen transformación; el expediente exhibe continuidad. En Silao, el agua industrial encontró operadores para décadas, mientras los ciudadanos todavía esperan cuentas claras.