En Guanajuato capital, hasta los muertos deberían exigir cuentas. Samantha Smith permitió dos años de negocios privados alrededor del festival, sin explicaciones públicas suficientes.
En 2025 apareció Construcciones Nacionales Fincamex; en 2026, Custom Bajío. Distintos nombres, idéntica inquietud: comerciantes depositaron dinero a empresas ajenas a la Tesorería municipal.
El Otro Enfoque tiene comprobantes correspondientes a Fincamex. AM documentó pagos a Custom Bajío. No hablamos de rumores, sino de operaciones que reclaman investigación.
¿Quién escogió a estas compañías? ¿Qué funcionarios las recomendaron? ¿Con qué documentos justificaron sus ventajas? ¿Y quién obtuvo beneficios económicos detrás de cada operación?
La respuesta oficial sobre uniformar los puestos no resuelve nada. La estética del festival jamás puede sustituir las obligaciones de transparencia, permisos y fiscalización.
El artículo 84 del reglamento municipal faculta a Fiscalización para autorizar comercio en la vía pública, inspeccionar eventos y mantener actualizado el padrón comercial.
Entonces pregunto: ¿dónde están sus permisos? ¿Cuántos autorizó? ¿Qué tarifas aplicaron? ¿Qué funcionarios decidieron que Turismo negociara directamente con una empresa particular, sin transparencia?
La ley estatal, artículo 141, ordena a Tesorería recaudar los ingresos que correspondan al Municipio. No puede confundirse un cobro privado con derechos públicos.
Precisamente por eso urge distinguir conceptos. ¿Cuánto correspondía al mobiliario? ¿Cuánto al derecho de ocupar la Subterránea? ¿Hubo exenciones legales y quién las autorizó?
La Ley de Ingresos 2026 contempla derechos por ocupar dominio público y comerciar ambulantemente. Samantha debe explicar por qué el festival quedó sin recaudación.
Y todavía más grave: la tesorera Irma Mandijano confirmó que no registró ingresos. ¿Quién decidió que el Municipio renunciara a cobrar por los espacios?
Mercados tampoco debe servir como pretexto: la Coordinación de Mercados administra mercados públicos; Fiscalización regula puestos callejeros. Cada dependencia tiene responsabilidades distintas y verificables.
La directora de Turismo admitió que contratar mobiliario era obligatorio. Comerciantes denunciaron pagos sin recibirlo. Si no les rentaron muebles, ¿exactamente qué cobraron entonces?
Custom Bajío recibió pagos sin contrato municipal, según información publicada por AM. Después apareció un supuesto comparativo de tres proveedores: faltan expedientes y cotizaciones.
Primero dijeron que conocieron al proveedor por trabajos anteriores; después invocaron una comparación de precios. ¿Quién decidió realmente? La versión oficial necesita documentos completos.
El Ayuntamiento tampoco puede presumir derrama económica como respuesta universal. Una cosa son ventas de comerciantes; otra, las obligaciones fiscales por aprovechar calles públicas.
Y lo de 2025 exige idéntico rigor. ¿Quién acercó Fincamex al festival? ¿Quién recibió sus propuestas? ¿Dónde están autorizaciones, facturas, padrones y comprobantes oficiales?
En documentos de la empresa de 2025, aparece un fedatario de nombre José Luis Vega Castillo. No corresponde confundirlo con el exsíndico José Luis Vega Godínez ni insinuar parentescos, pero no dudo que si lo tenga.
Hasta hoy, las agrupaciones civiles que exigen transparencia se han abstenido o de pronunciarse al respecto.
Hasta ayer, no existía tampoco una denuncia ciudadana ante Fiscalía por presuntas irregularidades. Ninguna denuncia prueba corrupción, pero sí exige a las autoridades entregar documentos y responder.
Mi pregunta final para la alcaldesa panista Samantha Smith es sencilla: ¿protege el patrimonio público o permite negocios sin transparencia? Los muertos descansan; las cuentas municipales, no.
¿Acaso quiere sepultar la posible corrupción?
