Después de 11 meses de espera, una jueza federal concedió un amparo a más de 50 mujeres en Guanajuato contra la criminalización del aborto voluntario, al considerar inconstitucional aplicarles los artículos del Código Penal que sancionan esta práctica.
Integrantes de la Red de Acompañantes anunciaron la resolución desde el Congreso del Estado y celebraron el fallo al asegurar que representa un nuevo avance en la lucha por la despenalización del aborto en la entidad.
La jueza primero de distrito, Luz Adriana Rico Páez, resolvió que a las promoventes del amparo no se les podrán aplicar, ni ahora ni en el futuro, las disposiciones penales relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, la resolución no obliga ni al Congreso del Estado ni a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a modificar el Código Penal para eliminar la criminalización del aborto, como buscaban las promoventes.
Nayely Tello, fundadora de la Red de Acompañantes, señaló que el proceso judicial se prolongó más de lo esperado, aunque consideró que el criterio fue claro al reconocer que no se puede criminalizar a las mujeres por abortar.
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Explicó que este amparo se suma al antecedente impulsado por GIRE en Guanajuato y fortalece la presión para que el Congreso legisle sobre la despenalización total del aborto.
Además, destacó que una reciente resolución de la Suprema Corte refuerza este criterio, al señalar que si no se puede criminalizar a un grupo de mujeres, tampoco debería hacerse con ninguna otra persona gestante en condiciones similares.
Las activistas aseguraron que seguirán impulsando la despenalización completa tanto por la vía legislativa como judicial.
