El legislador federal Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió deficiencias en la planeación financiera del ramo sanitario. La propuesta económica del Gobierno Federal contempla un monto de 500 millones de pesos para el Servicio Universal de Salud. Por lo tanto, el diputado señaló que los recursos resultarán insuficientes para atender a la población sin seguridad social.
Las disposiciones oficiales prevén que la atención médica entre dependencias se cubra con los techos presupuestales vigentes. De esta manera, recintos como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar deberán absorber la demanda adicional sin partidas extraordinarias. Por consiguiente, los centros hospitalarios enfrentarán un incremento de usuarios sin ampliar su plantilla de personal ni infraestructura.
El integrante de la Comisión de Salud subrayó los riesgos de saturación en clínicas y hospitales de la red pública. Además, el representante parlamentario indicó que utilizar cuotas de los trabajadores formales para la atención general vulnera las finanzas operativas. Por esta razón, el sector médico requiere esquemas de compensación económica claros por cada servicio brindado.
La Secretaría de Salud registrará un recorte presupuestal comparativo en relación con ejercicios fiscales anteriores. La dependencia federal dispondrá de 72 mil millones de pesos, cifra inferior a los 97 mil millones asignados previamente. De igual manera, la merma acumulada impacta las labores de vigilancia epidemiológica y los programas de vacunación.
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El modelo IMSS-Bienestar concentrará un monto de 193 mil millones de pesos para su operación nacional. Sin embargo, el legislador califica dicha estrategia como inoperante ante las carencias reportadas en los estados adheridos. Por consiguiente, las entidades que entregaron sus recursos enfrentan problemas recurrentes de desabasto de insumos y medicamentos.
La bancada del Partido Acción Nacional impulsará una reforma integral a la Ley General de Salud. La propuesta legislativa plantea establecer un régimen de portabilidad con una metodología formal de costos entre instituciones.
Finalmente, el proyecto buscará proteger las reservas de la seguridad social y garantizar presupuestos vinculados a las necesidades operativas.
