Más de 50 personas físicas y morales aparecen señaladas en denuncias por presuntos actos ilícitos cometidos en el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre los mencionados figuran familiares directos de Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Los señalamientos también involucran a empresas dedicadas a producir materiales electorales. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), los casos están distribuidos en 15 carpetas de investigación.
Las indagatorias se encuentran en manos de tres áreas especializadas: Delincuencia Organizada, Combate a la Corrupción y Control Regional. Cada expediente contiene diferentes personas y empresas señaladas como posibles responsables de irregularidades.
Investigan a familiares y proveedores del organismo electoral
Las fuentes consultadas indicaron que en la mayoría de las investigaciones aparecen familiares de Guadalupe Taddei y de Alfredo Hernández Casillas. Sin embargo, las identidades de las personas investigadas permanecerán bajo reserva mientras avanzan los procedimientos ministeriales.
Además de los familiares de la exfuncionaria, las denuncias incluyen señalamientos contra proveedores y empresas relacionadas con la producción de materiales electorales. Estos vínculos forman parte de las líneas que revisa el Ministerio Público Federal.
Los expedientes surgieron de distintas denuncias presentadas ante la FGR. Entre los promoventes figuran representantes del PRI y del PAN, además del Órgano Interno de Control del propio INE y ciudadanos particulares.
Realiza FGR diligencias en oficinas del INE
Como parte de las investigaciones por presunta corrupción en el INE, agentes federales realizaron revisiones y aseguramientos de documentos e información digital en instalaciones del organismo electoral.
Las diligencias se efectuaron en la Torre Zafiro, donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. Los trabajos comenzaron a las 10:00 horas del miércoles y concluyeron a las 6:00 horas del jueves.
Asimismo, las autoridades realizaron actuaciones en la Secretaría Ejecutiva del instituto. Según las fuentes federales, estas acciones fueron planeadas a partir de los elementos contenidos en las denuncias presentadas ante la Fiscalía.
La documentación y los archivos digitales obtenidos serán incorporados a las carpetas correspondientes. De esta manera, el Ministerio Público buscará reunir elementos que permitan esclarecer las posibles irregularidades en las áreas administrativas del organismo electoral.
Mantienen bajo reserva identidad de investigados
Las diligencias realizadas en las instalaciones del INE no derivaron de una orden o control judicial, según explicaron fuentes federales. Sin embargo, contaron con el aval y la supervisión de funcionarios del propio instituto.
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Las autoridades señalaron que esta participación permite respaldar la obtención de documentos y materiales asegurados. El objetivo es que los elementos reunidos puedan presentarse ante un juez sin cuestionamientos sobre su legitimidad.
En cuanto al origen de las investigaciones, las fuentes detallaron que la FGR recibió denuncias de representantes partidistas, seis del Órgano Interno de Control del INE y ciudadanos. También existen querellas promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por ahora, las autoridades mantienen reservados los nombres de quienes aparecen en los expedientes. Conforme avance cada investigación, se determinará si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.
