En 2024, México registró 7,975 nacimientos de niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, lo que representa un promedio de 21.8 casos diarios, según datos de la Secretaría de Salud. Esta cifra pone en evidencia una crisis profunda de violencia sexual infantil y la falta de respuesta efectiva del Estado para proteger a las infancias.
Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco concentran el 40% de estos nacimientos, de acuerdo con un análisis de la investigadora Montserrat Mora, quien compartió los datos en redes sociales. El estudio revela que Colima y Baja California Sur reportaron la menor cantidad de casos, pero otras entidades como Chiapas y Guerrero encabezan la lista nacional cuando se mide la tasa por cada 10,000 niñas.
Activistas advierten que estos embarazos no son “casos aislados” ni deben verse como decisiones personales de las niñas, sino como el resultado de abusos sexuales, desigualdad estructural y omisión institucional. Los embarazos infantiles, afirman, deben ser considerados pruebas fehacientes de delitos que se están ignorando sistemáticamente.
En redes sociales, Mora también difundió casos extremos de niñas madres de 10, 11 y 12 años, cuyas parejas tienen edades entre 13 y 65 años. En uno de los casos más alarmantes, una niña de 12 años dio a luz en el municipio de El Oro, Estado de México, mientras el padre tenía 65 años, una diferencia de edad de 53 años que constituye un claro caso de abuso sexual.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, fue contundente: “No se trata de embarazos, sino de violaciones. No normalicemos ver a una niña embarazada, hay que verla como una víctima de violencia sexual”. El psicólogo subraya que el sistema mexicano ha fallado desde todas sus estructuras: el Registro Civil, los Ministerios Públicos, el Poder Judicial y los servicios de salud.
La organización Reinserta también se pronunció, señalando que cada embarazo infantil es una alerta de violencia grave que debe activar protocolos de protección, justicia y reparación. La falta de investigaciones penales y la ausencia de sanciones contra los agresores representan una revictimización constante para las niñas afectadas.
Pérez García también señaló que en muchos de estos casos podría configurarse el delito de trata de personas, al existir relaciones marcadamente desiguales entre niñas y hombres adultos. Recordó que el consentimiento sexual no es válido en menores de edad, y menos aún cuando hay diferencias de edad tan extremas como 30, 50 o hasta 70 años.
El experto lamentó que se sigan normalizando estas relaciones debido a una cultura machista y patriarcal profundamente arraigada, en la que se romantiza la figura de la “Lolita” y se culpa a las niñas de seducir a los hombres. “Estas narrativas solo buscan encubrir la pedofilia y la pederastia”, denunció.
La lista viral de niñas madres, considera Pérez, debe convertirse en una exigencia ciudadana para que el Estado realice una auditoría nacional urgente al Registro Civil, con el fin de garantizar que estos casos se reporten a las autoridades correspondientes. Además, planteó la necesidad de capacitar de forma obligatoria a funcionarios del sistema de salud, justicia, educación y registros civiles, para atender adecuadamente estos casos.
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Reinserta exigió también la creación de una Ruta Nacional de Atención Integral para niñas víctimas de violencia sexual, que garantice atención médica, psicológica, legal y educativa especializada, además de protocolos obligatorios de denuncia y protección en hospitales y escuelas.
Cada uno de los 7,975 nacimientos de niñas entre 10 y 14 años en 2024 representa una tragedia individual y una falla estructural del Estado mexicano, que no está cumpliendo con su deber de proteger a la niñez.
