María Antonieta Luna salió de San Luis de la Paz rumbo a San Miguel de Allende poco después de las cinco, tras concluir labores en el Poder Judicial.
Circuló por la carretera 110 y avanzó hacia la zona de Interceramic, donde hombres armados en dos camionetas bloquearon su paso y la obligaron a detenerse.
Los agresores apuntaron directamente contra ella, exigieron la entrega de su camioneta y dispararon de inmediato, sin permitir reacción ante el ataque sorpresivo y violento.
El ataque fue a quemarropa, de acuerdo a testigos y testimonios de familiares de la víctima.
María Antonieta recibió impactos en el tórax, perdió sangre rápidamente y pidió ayuda con plena lucidez, mientras ciudadanos desesperados buscaban apoyo médico cercano.
Elementos policiales decidieron sacarla del lugar y la llevaron en patrulla hacia un hospital privado, aunque el centro careció de equipo necesario para atenderla.
La familia intentó conseguir traslado aéreo hacia León mediante ambulancia especializada, aunque el deterioro físico avanzó demasiado y rompió cualquier posibilidad de estabilización urgente.
Los policías la movieron nuevamente hacia el hospital de San José Iturbide, aunque el personal tampoco dispuso de recursos suficientes y la gravedad aumentó peligrosamente.
Cercanos confirmaron que ella se mantuvo consciente durante todo el trayecto, pidió calma para su familia y repitió datos que facilitaron la atención inicial.
María Antonieta recientemente concluyó una maestría, fortaleció credenciales profesionales y consolidó trayectoria ejemplar dentro del Centro Estatal de Justicia Alternativa en San Miguel de Allende.
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Colegas del gremio jurídico expresaron consternación por el asesinato y exigieron acciones firmes que frenen ataques contra especialistas vinculados con tareas fundamentales para la impartición de justicia.
Abogados destacaron su papel dentro de procesos de mediación, reconocieron su dominio técnico y lamentaron un crimen que golpeó directamente la estructura humana del Poder Judicial.
El homicidio encendió alertas entre operadores jurídicos, aumentó tensión en la región y reveló nuevamente el riesgo creciente que enfrentan profesionales dedicados al servicio público.
