Guanajuato no enfrenta sólo violencia criminal. Enfrenta una fiscalía que aprendió a administrar expedientes como trámite burocrático y a clausurar justicia como costumbre institucional.
El dato más escandaloso del estudio de México Evalúa no admite maquillaje. Guanajuato reportó 37.69 por ciento de No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP) dentro de sus desestimaciones totales. 
Sólo Puebla superó esa proporción con 51.01 por ciento. Guanajuato quedó por encima de San Luis Potosí, Baja California y Michoacán, nada menos ahí. 
Ese número no describe una fiscalía eficaz. Describe una institución que prefiere bajar cortinas antes que sostener investigaciones serias, agotar líneas y litigar casos.
La trampa oficial resulta obvia: presume muchas carpetas abiertas, pero esconde el destino real de esos asuntos. Abrir expedientes no equivale jamás a justicia.
México Evalúa registró 545 mil 069 llamadas de seguridad y 148 mil 016 carpetas ingresadas en Guanajuato. Esa entrada lució superior al promedio nacional. 
El estado convirtió 27.16 por ciento de esas llamadas en carpetas, arriba del promedio nacional de 24.71. Ahí termina el discurso oficial triunfalista fácil. 
La pregunta importante surge después: ¿qué hace la fiscalía con esos casos? La respuesta indigna. Muchos acaban bajo una determinación que cancela persecución penal.
El NEAP ofrece cierre administrativo. No ofrece verdad, no ofrece reparación, no ofrece castigo. Para miles de víctimas, el expediente muere donde debía comenzar.
Cuando Guanajuato recurre tanto al NEAP, la fiscalía manda un mensaje brutal: recibir denuncias sí; investigar a fondo no; sostener acusaciones, mucho menos todavía.
Eso no constituye una salida técnica neutral. Eso retrata una cultura institucional que privilegia descarga de trabajo, control estadístico y comodidad burocrática por encima.
El propio estudio advierte que porcentajes tan altos exigen revisión puntual. Incluso plantea estudios en campo para conocer las razones de tantos no ejercicios.
Cuando un reporte nacional sugiere revisar a detalle estas entidades, Guanajuato no recibe un elogio. Recibe una alerta roja sobre su desempeño real actual.
Peor aún, el estudio señala que el NEAP constituye la desestimación más frecuente del país. En las veintisiete entidades representó 12.5 por ciento total. 
Guanajuato no quedó apenas arriba de ese promedio. Lo triplicó!!!
Esa distancia no se explica con eficiencia; se explica con una práctica institucional alarmante.
Una fiscalía honesta judicializa casos sólidos, rinde cuentas y acepta escrutinio. Una fiscalía opaca archiva, desecha o clausura rutas antes del juez penal siquiera.
En Guanajuato, ese 37.69 por ciento golpea la confianza pública. Cada víctima entiende algo simple: denunciar quizá sólo alimenta una estadística hueca sin justicia.
La Fiscalía General del Estado debe explicar causas, criterios, territorios y delitos asociados a ese NEAP. Sin transparencia, cualquier defensa oficial pierde credibilidad inmediata.
También debe aclarar cuántos de esos casos contaban con víctimas identificadas, pruebas iniciales o líneas abiertas. Ahí se mide el tamaño del abandono institucional.
Guanajuato vive homicidios, desapariciones, extorsiones y miedo cotidiano. Frente a esa realidad, una fiscalía que multiplica NEAP no protege: más bien renuncia a su función esencial.
Por eso, el problema ya no consiste en cuántas carpetas abre Guanajuato. El problema consiste en cuántos casos mata temprano su propia fiscalía estatal.
Sé que en fiscal tiene otros datos. En su informe nunca abundó para lo que fue contratado: procurar la justicia.
Y ahora que veo el estudio de México Evalúa entiendo por qué el señor fiscal simplemente vive en su atmósfera, muy lejano, pero muy lejano de la realidad.
