Diputados de Guanajuato propusieron una reforma constitucional para combatir delincuencia organizada mediante el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
La iniciativa fue presentada por las personas integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. La propuesta busca modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para actualizar las herramientas jurídicas utilizadas en el combate a grupos criminales.
De acuerdo con el documento, la seguridad pública es una función esencial del Estado y resulta indispensable para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población.
Los legisladores argumentan que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa durante las últimas décadas. Además, señalan que estos grupos han desarrollado nuevas formas de actuación que superan los esquemas tradicionales de investigación y persecución penal.
Por ello, la iniciativa para combatir la delincuencia organizada plantea revisar el marco constitucional vigente y fortalecer las facultades de las instituciones encargadas de procurar justicia.
Uno de los principales argumentos de la propuesta es que las fiscalías estatales cuentan con ventajas operativas importantes debido a su cercanía con las comunidades y al conocimiento que tienen de las dinámicas delictivas en sus regiones.
Según los promoventes, estas instituciones poseen una mayor capacidad de reacción ante la comisión de delitos. Sin embargo, consideran que actualmente existen limitaciones constitucionales que restringen su participación en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.
Asimismo, el documento sostiene que las reformas que dieron origen al modelo actual de combate a este fenómeno representaron avances importantes en su momento, pero que la evolución de las estructuras criminales exige nuevas adecuaciones legales.
La propuesta también busca fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia. Los legisladores consideran que una mejor colaboración permitiría una respuesta más eficiente frente a delitos de alto impacto.
Además, plantean dotar a las autoridades competentes de mayores herramientas jurídicas para enfrentar organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país.
Por otra parte, la iniciativa señala que el fortalecimiento institucional contribuiría a mejorar la capacidad del Estado para investigar delitos complejos y desarticular estructuras criminales.
Los promoventes afirman que estas modificaciones podrían traducirse en una actuación más efectiva de las autoridades responsables de garantizar la seguridad pública y el acceso a la justicia.
También sostienen que una estrategia integral requiere la participación coordinada de los distintos niveles de gobierno para responder a los desafíos actuales en materia de seguridad.
En ese sentido, la propuesta busca consolidar mecanismos más eficientes para la investigación de delitos relacionados con actividades de alto impacto que afectan a la población.
Finalmente, los diputados señalaron que la reforma pretende fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la protección de las personas frente a la expansión de grupos criminales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, donde será analizada y dictaminada antes de continuar su proceso legislativo.
